El Ayuntamiento de Lucena espera que la nueva ordenanza que reduce significativamente el coste de la Declaración de Asimilado al Fuera de Ordenación (DAFO), un paso esencial para 'regularizar' la situación de miles de viviendas y construcciones fuera de la ordenación urbana en Lucena, este operativa a partir del mes de octubre, según ha indicado hoy María de la O Redondo, concejala de Hacienda, quien destacó la importancia de esta rebaja para ofrecer una solución a los propietarios de estas edificaciones.
Redondo ha recordado que la anterior ordenanza contemplaba dos cuotas simultáneas para aquellos que solicitaban la declaración de DAFO: una cuota fija, basada en el coste del proceso administrativo, y otra variable, la cual fluctuaba en función del valor de la construcción. Según Redondo, la nueva normativa elimina esta cuota variable, que podía oscilar entre el 0% y el 2,2% del valor de la construcción. "Entendiendo que la LISTA no pretendía recaudar dinero, sino resolver el limbo jurídico en el que se encuentran muchas de estas construcciones, hemos eliminado esta parte variable", explicó la concejala.
Con la nueva ordenanza, se establece una cuota única de 799 euros, que solo aumentará si la solicitud se realiza a instancias de la propia administración. Además, se modifica el momento en que se crea el hecho imponible, que ahora ocurre en el momento de solicitar la DAFO, es decir, el pago se efectúa al presentar la solicitud.
UNA PROMESA ELECTORAL
Redondo recordó que esta rebaja de la tasa DAFO formaba parte del programa electoral de su grupo, y subrayó que ya habían manifestado su oposición a la anterior norma, que consideraban injusta por su carácter recaudatorio. "Creemos que hay razones sociales, benéficas, culturales e incluso de interés público para hacer esto de este modo", añadió.
La concejala destacó los múltiples beneficios de esta medida, tanto para los propietarios como para el propio Ayuntamiento. "Hay cientos, por no decir miles, de propietarios que ahora podrán regularizar la situación jurídica de sus edificios, muchas veces utilizados como vivienda habitual, y acceder a servicios básicos que hasta ahora no tenían", señaló Redondo. Además, la regularización permitirá a estos inmuebles acceder al registro de la propiedad, lo que incrementará su seguridad jurídica y facilitará la coordinación con el catastro inmobiliario.
Desde el punto de vista del Ayuntamiento, la medida también aportará beneficios económicos, ya que los inmuebles regularizados comenzarán a computar en el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI), además de generar un aumento en la solicitud de licencias urbanísticas y, por ende, en los ingresos municipales.
Por último, Redondo subrayó los beneficios medioambientales de la regularización, como la mejora de la calidad ambiental y paisajística y la protección del medio ambiente a través de la eliminación de vertidos incontrolados y la correcta depuración de aguas residuales. "Cumplimos con uno de nuestros compromisos programáticos de Rebaja Fiscal, favoreciendo a cientos de familias, no solo económicamente, sino también en términos de calidad de vida", concluyó la concejala.