El pleno municipal rechazó ayer con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, la propuesta del grupo municipal Andalucía Entre Tod@s Lucena (AETL) de llevar a Fiscalía los presuntos vertidos de alperujo a la red de saneamiento por parte de la Cooperativa Olivarera Virgen de Araceli, hecho por el que el ayuntamiento ha incoado un expediente sancionador, aun no concluído, en el que se valoran en 24.000 euros los daños a la estación depuradora de aguas residuales de Lucena y en otros 6.000 euros la sanción económica para la cooperativa lucentina. Para el portavoz de AETL, Vicente Dalda, se trataría de unas hechos "de especial gravedad" refrendados por los análisis de muestras tomadas en la cooperativa, que determinarían una carga contaminante "muy por encima de los límites".
La propuesta de AETL fue secundada por IUCA. Miguel Villa manifestaba que, a juzgar por los daños ocasionados y la sanción propuesta "no parece una contaminación cualquiera y es indudable que hubo vertidos", por lo que "el único camino para cuidar de nuestro medio ambiente es llevar este tema a la Fiscalía".
La portavoz de Ciudadanos, Purificación Joyera, señaló que, "si bien es cierto que no deben producirse vertidos, nos consta que los hay también de otras empresas y cooperativas y que los ha habido con anterioridad, sin que el pleno los remitiese a Fiscalía", por lo que hacerlo en este caso sería un agravio comparativo. Joyera pidió que se determine "para todos los casos", cuándo este tipo de circunstancias deben ser puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal desde el consistorio lucentino y recordó que dicha denuncia puede formularse de forma personal y no necesariamente desde el ayuntamiento.
Por su parte, el portavoz del PP, Paco Huertas, negó la mayor, y aseguró que el expdiente "se ha llevado a cabo de forma muy irregular", poniendo como ejemplo que la cooperativa no ha tenido conocimiento del resultado de los análisis realizados hasta varios meses después de que los mismos fuesen conocidos por el ayuntamiento, ni se les dió traslado del expediente para que pudiesen manifestarse en contra. Según Huertas los supuestos vertidos proceden de la limpieza del patio de la cooperativa y solo una de las tres muestras tomadas arrojó datos positivos por contaminación, algo que también ocurrió en otras empresas "y no se les pretende llevar a Fiscalía".
Finalmente, el PSOE indicó que, en su opinión, no existe delito ecológico y solo procede una sanción administrativa, propuesta en el expediente en curso. El grupo socialista negó que hayan expirado los plazos para comunicar el expediente al interesado ni éste haya perdido su garantía de defensa.