El PSOE utilizó ayer una pregunta al equipo de gobierno, en el marco del pleno municipal, para exponer, de forma sucinta, su punto de vista sobre la reclamación al Ayuntamiento de casi un millón de euros por cuotas no ingresadas por el consistorio, en su mayoría correspondientes a trabajadores contratados a través de los distintos programas de fomento del empleo, como el Plan Aire, el Programa Emple@Joven o el Emplea @mprende+, financiados con fondos europeos de la Junta de Andalucía y del propio Ayuntamiento..
El concejal socialista, Francisco Algar, preguntó al edil de Recursos Humanos, Francis Aguilar, si se ha adoptado ya una decisión sobre la aceptación de la liquidación practicada por la inspección y su pago o se optará por recurrirla, como han hecho numerosos ayuntamientos.
Algar acusó indirectamente al PP de utilizar este tema como arma electoral, retrasando la información a los medios tres semanas para hacerlo coincidir con la campaña, y justificó la actuación del anterior equipo de gobierno, señalando que "el programa se desarrolló conforme a las normas que lo establecían y todos los ayuntamientos han tenido el mismo problema". Además, Algar argumentó que, en el caso de Lucena, existen algunos elementos diferenciadores con otros municipios, como el hecho de que "se asignaran a cada contrato tareas específicas, existiendo cláusulas en los contratos que lo señalaban, o disponer de un tutor para su formación, no realizando los trabajadores contratados mediante estos programas las mismas tareas que el resto de personal municipal con la misma categoría. Además, algar reveló "un matiz importante", y es que el convenio marco por el que se regulan las relaciones laborales en el Ayuntamiento de Lucena, aprobado en su día por el propio PP, incluye en su cláusula 3, de forma expresa, una exclusión del ámbito de aplicación del citado acuerdo para todos aquellos contratos que se realicen al amparo de un programa de inserción o formación para el empleo.
Algar rechazó que desde el PP se intente culpar al PSOE de esta situación: "Esos cálculos se vieron en distintas comisiones, sin ningún voto en contra ni reparo alguno de los servicios jurídicos, de los partidos, de los sindicatos o del comité de empresa, y se actuó, en aquel entonces, como se creyó que se tenía que actuar", apuntó algar, que concluyó indicando que "si ahora hay que abonar esas diferencias de cuota, se trata de pagar lo que en aquel momento no se pagó, no de un pago nuevo, si es que la Inspección de Trabajo tiene razón".
RESPUESTA DE FRANCIS AGUILAR
Por su parte, Francis Aguilar recordó a Algar que el exalcalde, Juan Pérez, tenía conocimiento de este procedimiento contra el Ayuntamiento y de una primera liquidación desde el mes de mayo pasado. Además, reveló que el coste para las arcas municipales puede ser muy superior al millón de euros que reclama Trabajo por cuotas de la Seguridad Social, ya que hay al menos 50 sentencias pendientes de reclamaciones formuladas por trabajadores que participaron en estos programas y que piden la parte del salario que no cobraron entonces y otras 25 sentencias firmes, algunas de ellas recurridas por el consistorio. Según Aguilar, de ser contrarias a los intereses municipales, estas sentencias pueden suponer otros 800.000 euros de coste para las arcas municipales. Por último, Aguilar explicó que "esto no ha sido un problema endémico de todos los ayuntamientos, ya que hubo algunos que, cuando conocieron los planes y su coste, los desecharon porque sabían que el gasto iba a ser superior al beneficio".
El concejal de Recursos Humanos señaló que la decisión sobre el recurso o la aceptación de la liquidación practicada por la Inspección de Trabajo, actualmente en estudio por los servicios jurídicos, será sometida a dictamen del pleno municipal.