PSOE e IUCA unieron fuerzas en la sesión plenaria celebrada en la noche de ayer para rechazar la creación de una comisión informativa de investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación del arquitecto responsable de la redacción y supervisión de las obras incluidas en el Programa de Regeneración Socio-Económica del Casco Histórico de Lucena, financiado con fondos FEDER, denunciadas por el grupo municipal de Entre todo@s sí se puede Lucena (ETSSPL) y de un guarda para el colegio público "El Prado" y un profesor para la Escuela Municipal de Música y Danza, denunciados por el PP.
En su declaración previa, el portavoz de ETSSPL llegó a afirmar que en materia de contrataciones "no meten los goles por una escuadra y por la otra". Según su portavoz, Vicente Dalda, "o les estamos haciendo favores a los amigos o somos incapaces de darnos cuenta de que los plazos pasan y algunos trabajadores adquieren la condición de indefinidos y queremos saber quiénes son los responsables".
Por su parte, Julián Ranchal, en nombre del PP, indicó que "hace dos años reprochamos al equipo de cogobierno formado por PSOE e IUCA que 40 empleados adquiriesen la condición de indefinidos y pedimos medidas para que esa situación no se repitiera, algo que ha vuelto a ocurrir recientemente con un portero y un profesor de música", añadiendo que "o se le ha ido de las manos a los funcionarios responsables o se lo han comunicado al concejal y no se han adoptado medidas" por lo que consideran que una comisión debería determinar posibles responsabilidades administrativas –si se refieren a funcionarios– o políticas –si se refieren a miembros de la corporación.
El portavoz de IUCA, Miguel Villa, rechazó de forma tajante la posibilidad de crear esta comisión, asegurando reiteradamente que "investigar lo que ya se conoce es una pérdida de tiempo y está fuera de lugar" y que "todos los hechos a los que se refiere la moción están constatados por escrito y no son por tanto desconocidos". Para Villa "no hay nada que investigar" y se trata de nuevos casos cuyos contratos se encontraban "en fraude de ley" por lo que "devienen en indefinidos" de acuerdo con la legislación laboral vigente. Según el edil de IUCA y ex responsable de Urbanismo "está todo claro y sobre la mesa, otra cosa es que se pretenda achacar responsabilidades de los políticos", en cuyo caso animó a Vicente Dalda a hacerlo: "Vaya al grano, diga usted a quién corresponden".
El actual concejal de Obras y Mantenimiento y ex-edil de Personal, José Cantizani, argumentó en el caso del arquitecto cuyo contrato ha sido renovado como indefinido tras una reclamación previa a la vía judicial que "se jubila el año próximo y recibiría más dinero si se le despide e indemniza que si se le mantiene en su puesto, por lo que no se opondría a ser despedido", aunque emplazó a una decisión sobre dicho despido en base al informe que ha formulado a la alcaldía y cuyo sentido no quiso desvelar en el pleno. Si aseguró Cantizani que "de amiguismo, nada" y recordó que dicho arquitecto entró al servicio del ayuntamiento "por méritos propios a través de una convocatoria en la que el proceso de selección correspondió a funcionarios municipales" y por tanto sin participación de políticos, por lo que "no hay nada que investigar".
La concejal de Personal, Teresa Alonso, también intervino para aclarar que "cualquier posible responsabilidad sería de todos los miembros de la Comisión Municipal de Contratación".
El último encontronazo sobre la petición de esta comisión de investigación llegó cuando PSOE e IUCA, que se habían abstenido en la comisión informativa previa en este punto, dando alas a la posibilidad de que saliese adelante, modificaron el sentido de su voto en el pleno, votando en contra de la misma, motivando la airada protesta del proponente, Vicente Dalda y obligando al regidor lucentino, Juan Pérez, a aclarar que el sentido del voto en las comisiones no es vinculante y puede modificarse en el pleno, como ocurre con normalidad en diferentes puntos de la sesión.