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Más de una hora y media dedicó el pleno municipal a debatir el controvertido asunto de la supresión del servicio de guardería temporera en la pedanía de Las Navas, asunto que finalmente salió adelante con los votos del PSOE e IU y el voto en contra del PP. No obstante, el equipo de gobierno daba marcha atrás en lo relativo a la fórmula de extinción de los contratos, que finalmente serán por despido objetivo, lo que permitirá a las tres trabajadoras que desde hace casi veinte años han venido prestando servicio en este centro una profesora, una auxiliar puericultora y una cocinera recibir la correspondiente indemnización.
Nada más iniciarse el debate, el concejal del PP, Manuel Gutiérrez, puso en conocimiento del pleno que había recibido una llamada manifestando el interés de un grupo de padres de Las Navas y de la vecina localidad de Moriles de unir esfuerzos, incluso aportando recursos propios, para mantener el servicio, por lo que pidió la retirada del asunto del orden del día para estudiar esta posibilidad.
El alcalde, Juan Pérez, solicitaba un receso, aunque nada cambió tras el encuentro. El asunto se mantenía en el orden del día y PSOE e IU justificaron la decisión del cierre del servicio. La edil de Servicios Sociales, Araceli Antrás, manifestaba que el equipo de gobierno lleva ocho meses estudiando este tema, y la decisión se basa en informes tanto económicos como técnicos, que dejan claro que el servicio no es viable económicamente ni tampoco necesario, dado que la realidad social de Las Navas es hoy muy diferente a la de los años 90, cuando se puso en marcha. Según Antrás, el presupuesto de la guardería para este año asciende a más de 48.000 euros para solo siete niños inscritos, lo que hace que el coste del servicio para las arcas municipales llegue hasta los 1.163 euros por mes y niño, ya que el centro no cuenta con ningún tipo de subvención o ayuda por parte de las familias. Además Antrás apuntó que la prestación de este servicio no es de competencia municipal y su desaparición no será obstáculo para que se pueda crear otro tipo de estructura municipal que atienda las necesidades expresadas por los padres, más cercanas al concepto de una ludoteca.
Por su parte, Carlos Villa, concejal de Servicios Sociales, indicaba que se ha ofertado a los padres de los alumnos afectados la posibilidad de pagar el mínimo establecido por la Junta de Andalucía para estos servicios o de facilitarles transporte para que sean atendidos en Lucena, a lo que estos se han negado.
El concejal de Hacienda, José Cantizani, también justificó la necesidad de suprimir el servicio atendiendo a la actual situación económica municipal, aunque exponía la decisión del equipo de gobierno de modificar su decisión inicial de no satisfacer indemnización alguna a las tres empleadas siguiendo los informes jurídicos que defienden que se trata de "personal indefinido no fijo" y optar finalmente por el despido por causas económicas objetivas, que conlleva indemnización.
El portavoz del PP, José María Morillo-Velarde, se preguntaba por qué se suprime ahora un servicio que ha venido funcionando desde primeros de los años noventa o por qué no se luchó desde el equipo de gobierno para que no se perdieran las subvenciones de la Junta. Según el portavoz popular, "la situación económica no puede ser la principal razón para cerrar un centro que cuenta con una clara demanda", manifestada en la presentación de un centenar de firmas pidiendo su continuidad. Además, Morillo-Velarde indicaba que la decisión de extinguir los contratos de las tres trabajadoras va contra el acuerdo marco del ayuntamiento, que, a su juicio, obliga al consistorio a "acoplar" a estas empleadas en otro servicio. Según Morillo-Velarde existe jurisprudencia al respecto en el propio ayuntamiento, ya que en 2007, en un caso similar, se optó por la recolocación de los trabajadores, situación que fue reconocida y justificada por el alcalde, Juan Pérez.
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