El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha explicado hoy, a preguntas de los medios locales, que el ayuntamiento está "obligado a defender los intereses municipales" en relación con el punto del orden del día de la sesión plenaria de este martes para encomendar a los servicios jurídicos el desalojo de una vivienda municipal, al que se opone, al menos, el PP, que la semana pasada mostró dudas sobre la seguridad jurídica del procedimiento.
Juan Pérez ha indicado que "son hechos objetivos que la vivienda está ocupada, que es propiedad municipal y que habrá que hacer algo para recuperarla, toda vez que los residentes no están pagando IBI, basura, ni hipoteca". Además, Pérez ha asegurado que la familia que reside en la misma no se encuentra en situación de exclusión o riesgo social y existen otros lucentinos inscritos como demandantes de vivienda que también tienen derecho a tenerla haciendo frente a sus obligaciones.
Según Juan Pérez, "se está haciendo igual con otra vivienda municipal para la que también se aprobó en pleno el desalojo y que tendrá que ser desalojada el 1 de julio, aunque en este caso si existe riesgo social y ya se ha buscado por parte de los Servicios Sociales municipales una solución habitacional para la familia que será desalojada".
Pérez ha explicado que "el ayuntamiento no inició el procedimiento de embargo, sino que lo hicieron por partida doble Hacienda Local y la entidad bancaria que otorgó la hipoteca en 2011 y 2015 respectivamente". Ante esta situación el ayuntamiento inscribió la vivienda en el registro en 2018. Según la versión del regidor lucentino "fue necesario acudir a la subasta porque se iba a adjudicar a otra persona porque una vivienda inscrita a nombre del consistorio".
El regidor lucentino ha afirmado que la deuda contraída por la familia que reside en el inmueble con Hacienda Local y que motivó el embargo ascendía a 42.400 euros, correspondientes al IBI de hasta 3 viviendas o propiedades, impuestos de circulación, cocheras, basuras... no satisfechos desde 2011. Para Juan Pérez "se puede cuestionar que Hacienda Local no haya llevado bien el procedimiento, aunque lo dudo por su experiencia, pero me consta que se habían notificado por los procedimientos habituales los distintos procedimientos previos al embargo".
Pérez también ha negado que no se hayan mantenido contactos con la familia y sus representantes legales, enumerando distintos encuentros del titular y su abogado con técnicos, ediles y con él mismo para intentar encontrar una solución, sin que se haya alcanzado ningún acuerdo. Según Juan Pérez, ante el anuncio de la familia de su intención de presentar un recurso contra Hacienda Local por presuntas irregularidades en el procedimiento incluso se instó a este a pedir formalmente la paralización del procedimiento de desalojo "cosa que no se ha producido, como tampoco se ha obtenido respuesta a la notificación municipal de desalojo realizada en el mes de febrero o marzo".
El alcalde ha indicado que el procedimiento de desalojo que se iniciará ahora es largo y se puede llegar a un acuerdo en el transcurso del mismo. Además ha mostrado su intención de estudiar nuevamente la posible "vulnerabilidad" de la familia, descartada en su día. "Si se llega a un acuerdo, perfecto, pero el ayuntamiento no le puede vender la vivienda a la familia por un precio inferior al de tasación y tenemos un registro de demandantes en el que ellos ni siquiera están inscritos, y esos demandantes también tienen derechos", ha afirmado Juan Pérez, que concluyó indicando que "no estaría cumpliendo con mi obligación si me salgo del camino legal que tiene este procedimiento".