«Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada»
Oliver W. Holmes,
Juez del Tribunal Supremo de EE.UU.
Durante el pasado año electoral (que tiene visos de tener una segunda parte) hemos elegido a concejales, diputados (autonómicos y nacionales) y senadores. A la hora de decidir a quién votar unos suelen dejarse llevar por la costumbre, sin tener en cuenta no tanto una buena o mala dirección de la nación o de la res publica, cuanto que sea un partido con el cual se sienten identificados; otros por las encuestas y no pocos optan por quedarse en sus casas, (en las elecciones municipales las más de las veces el candidato a la alcaldía es de lo que depende que gane un partido u otro).
Es conveniente que el cuerpo electoral tuviese en cuenta que la clave de bóveda (económicamente hablando) de cualquier nación moderna son los impuestos. Con ellos se sufragan los servicios sociales que disfrutamos y gracias a ellos se sostiene el Estado del Bienestar (de esto ya escribimos algo tiempo atrás en este mismo medio): sanidad, educación, pensiones (no contributivas incluidas) y el «cuarto pilar» (Ley de Dependencia) y, también, son los impuestos los que pagan la maquinaria del Estado (municipal, regional y nacional). Para que esto sea así es necesario que todos paguemos nuestros impuestos así que el cómo se recauda y cómo se persigue a los que no quieren hacerlo tendría que ser una de nuestras principales motivaciones a la hora de decidir nuestro voto. Así, tendríamos que hacernos algunas preguntas:
1ª ¿Quién defrauda? En 2009 en informe del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) indicaban que la evasión fiscal (término difuso pero que grosso modo se puede considerar como el montante de dinero que pudiendo ser recaudado no lo fue) de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros (M.) en el último año, lo que supone el 71,8% del importe total del fraude en España. El secretario de esta asociación en aquel año recordaba: «que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, acaba siendo inferior para las compañías de mayor tamaño, gracias a sus servicios legales especializados que les permite aprovechar al máximo las ventajas fiscales…, fórmulas que no utilizan las pymes, e incluso, bordeando o pasando los límites legales con subterfugios de evasión fiscal en paraísos fiscales». En 2016 las grandes empresas pasan de un tipo de 30% a un 25% (http://www.infolibre.es 2-1-2016). Redondeando, y si esto no fuese suficientemente perjudicial para los ciudadanos, ocurre que «se concentra el 80% de los recursos [de Hacienda] a investigar microempresas, pymes, asalariados y autónomos» según afirmaba José María Mollinedo, secretario general de Gestha (2013) y el presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Julio Ransés Pérez Boga indicaba que entre el 80% y el 90 % de la recaudación procede de las rentas del trabajo y tan solo un 10% del impuesto sobre Sociedades. «A este país lo están financiando los trabajadores. El sistema tributario está basado en las rentas de los trabajadores y no de los empresarios» (19-05-2013).
Así pues, las grandes compañías tienen capacidad bastante para poder «escaparse de Hacienda» «gracias a sus servicios legales especializados». Aquí es donde entra la importancia de la Agencia Tributaria y de su servicio técnico (ya sean inspectores o técnicos). Por otra parte, en 2012 las grandes empresas (estamos hablando del Ibex 35) sólo pagaron 4.110 M. por sus beneficios que es 17 veces menos que lo que pagaron es ese mismo ejercicio las familias por el IRPF (de nuevo los servicios legales, claro).
2ª ¿Tenemos un servicio tributario semejante a las otras naciones europeas? La respuesta es que no. Tengamos cuatro aspectos en cuenta: a) el montante total de empleados tributarios por número de habitantes: en 2014, según Gestha, en Alemania (740), Francia (942), Reino Unido (929) y España (1958) y esto repercute, como no puede ser de otra manera, en las cifras de fraude respecto a su PIB: Alemania (13,1%), Francia (10,8%), Gran Bretaña (10,1%) y España (24,6%) (http://www.gestha.es 29-01-2014); b) y si no tenemos personal suficiente, ¿se está investigando el fraude fiscal de manera adecuada? 1.409 funcionarios de Hacienda estaban en auxilio judicial, y de éstos, 668 son inspectores (de 2.398 en total) que prestan sus servicios en órganos judiciales y, por lo tanto, no pueden perseguir el fraude (datos de 2015). Si se estima que hay 1.700 casos de corrupción y los servicios legales de los defraudadores son, como hemos dicho más arriba, «muy especializados» los empleados de Hacienda tiene que resolver situaciones muy complejas cuando se encuentran en juicios; c) ítem más, que por sutil complica aún más las cosas: las excedencias, el 26% de los inspectores de Hacienda están en excedencia (http://elpais.com/15/11/2009), ¿dónde se concretaban, y se concretan, esas excedencias? En grandes despachos de abogados, de asesoría o auditoría cuyos emolumentos sólo los puede pagar las grandes empresas, ¿recuerdan los «servicios legales especializados» más arriba dichos? A modo de ejemplo (http://www.elconfidencialdigital.com/31/07/2009) y d) y la cosa se complica aún más porque si los empleados tributarios no aumentan, sí lo hace la deuda pendiente de cobro por parte de Hacienda (que asciende a 50.000 M.) ya que los investigados aumentan los litigios ante la crisis y el aumento de los impuestos retrasando de una manera u otra los pagos (http://www.attacmadrid.org/23-6-2014). Pérez Boga (IHE) aseguraba que «hay un problema de cobro de las deudas que se han liquidado, por lo que aquí falla algo» (19-05-2013).
3ª ¿Los empleados tributarios tienen tiempo para poder investigar el fraude fiscal? Pues, tampoco. Un año es el tiempo que tienen, de manera general, para cerrar cualquier investigación fiscal. «Da igual que sea una paralela de renta ordinaria que Inditex», según Pérez Boga (IHE) (1-2013). En 2015 el Ministerio de Hacienda incidía en que el delito fiscal había bajado un 47% en la última década, pero los técnicos indicaban que tal hecho obedecía no a que hubiesen menos delitos, sino a que se les había recortado competencias para perseguirlos. Disminuía el delito fiscal, sí, pero porque al perseguirse menos, ¡por fuerza!, se detecta menos delitos. Si las competencias no se hubiesen recortado, la situación tendría otro cariz.
4ª ¿A cuánto asciende el fraude fiscal? Es la pregunta más sencilla y su respuesta la más importante: 80.900 M. en 2011 para la red inglesa Tax Justice Network (http://elpais.com/1-11-2013). Anualmente entre los 59.500 M. según Gestha (12-7-2014) y unos 40.000 M. según Fedea (6-6-2014). Es decir, entre un 8% y un 4% del PIB. España tenía como objetivo de déficit un 4,2% para el 2015. Si no hay déficit, no habría recortes/ajustes y, seguramente, habría una rebaja de impuestos.
Soluciones: a) Invertir más en nuestra administración tributaria (como hemos creído demostrar no es un gasto, es una inversión) frente al 0,29% de Alemania o el 0,39% de Francia, España destinó un 0,13% de su PIB a combatir el fraude fiscal unos 1.328 M. (2013) aumentando, por supuesto, el número de empleados tributarios. Pero hay otras medidas «más sugerentes»: b) hacer que los delitos fiscales sean imprescriptibles (tributaria o judicialmente) si hace falta cinco años (o diez) para recaudar, digamos, 100 M. de una gran empresa, por mi parte no hay prisa por cobrar, cuando se solucione menos impuestos tendremos que pagar y sabiendo el defraudador que será castigado será más reticente al fraude; c) el derecho a una excedencia deber sea incompatible en según qué trabajos (a nadie se le obliga a ser empleado de Hacienda). Un funcionario tiene una estabilidad laboral y salarial (necesaria, por otra parte) y a cambio de esa estabilidad tendría que trabajar para el Estado un tiempo mínimo que quizás no fuese necesario si cobrase más no sólo por descubrir más delitos, sino por su montante en una inspección concreta; d) ¿a quién investigar más? Evidentemente donde las cifras de delito pueden ser mayores, y ya sabemos dónde es, en las grandes compañías (recordemos que en ellas se dan más del 70% del montante total de la evasión fiscal).
Dos preguntas finales: si todo esto es tan claro, ¿por qué los partidos políticos no lo tienen en sus programas de manera detallada?, ¿y por qué los ciudadanos no se lo reclamamos para que lo lleven? Tendremos que responder primero a la segunda pregunta. Feliz Año Nuevo.