Los grupos de la oposición –PP, Ciudadanos e IUCA– aprobaron este martes la creación de una comisión de investigación sobre las contrataciones de espectáculos públicos en el Ayuntamiento de Lucena.
La decisión se adoptaba tras conocer los ediles la decisión de la concejala de Fiestas, Mar Morales, de no comparecer ante el pleno para dar las explicaciones solicitadas por la oposición sobre presuntas irregularidades en la contratación de las actuaciones musicales de la pasada Feria Real del Valle.
Mar Morales indicó en su breve intervención que tuvo conocimiento "este mismo martes" de que el asunto está denunciado en el juzgado, "por lo que entenderán que no voy a contestar a ninguna de sus preguntas, porque ello podría comprometer mi defensa". La concejal de Fiestas se limitó a indicar que ya manifestó lo que tenía que decir en su comparecencia ante los medios de comunicación y que existe un segundo informe del vicesecretario de la corporación municipal –emitido este mismo martes– "que no deja lugar a dudas" sobre la limpieza de las contrataciones.
Según Morales "este tema se ha judicializado injustamente", por lo que evitó hablar sobre el mismo atendiendo al consejo "de profesionales del derecho, de que no haga ningún tipo de manifestación", posponiendo cualquier información adicional a la finalización del curso judicial de la denuncia presentada en su día por el concejal Vicente Dalda, tras la rueda de prensa en la que el PP trasladó a los medios de comunicación estas supuestas incidencias en los contratos.
RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN
El portavoz del PP, Francisco Huertas, advirtió a Mar Morales y al propio alcalde –que argumentó en defensa de la edil de Fiestas que "es su decisión y tiene derecho a que no se lesione su defensa"– que esta postura supone una "violación" del Reglamento de Organización y Funcionamiento, que obliga a los al equipo de gobierno a responder a las preguntas de la oposición.
La portavoz de Ciudadanos, Purificación Joyera, fue aún más dura, calificando la postura de Mar Morales como "una falta de respeto a esta Corporación y a los vecinos de Lucena", asegurando que era de público conocimiento que los hechos habían sido denunciados judicialmente y calificando la actitud de la responsable municipal de Fiestas como una "huida premeditada para evitar dar la cara y eludir sus responsabilidades políticas". Mar Morales contestó a Joyera reafirmándose en que no supo de la judicialización de este tema hasta el mismo día del pleno, cerrando su intervención con un "cree el ladrón que todos son de su condición" que levantó ampollas en la portavoz de Ciudadanos, que volvió sobre el tema en el turno de Ruegos y Preguntas, pidiendo que la afirmación de Morales constará en acta y exigiendo al alcalde que solicitará a Mar Morales que pidiese disculpas por estas palabras, dando lugar a otro desagradable desencuentro con la concejala socialista, que concluyó con ambas ediles reservándose el derecho de emprender acciones legales contra la otra por vía civil o penal.
En su intervención, Vicente Dalda recordó a Morales que en el pleno de diciembre ya anunció que había procedido a denunciar las supuestas contrataciones irregulares reveladas por el PP en una rueda de prensa tan pronto tuvo conocimiento de las misma, "por tratarse de unos hechos muy graves, que, de ser ciertos, supondrían un delito de prevaricación administrativa y, en caso contrario, un delito de injurias por parte del PP". Pese a entender la postura de Morales, el edil no adscrito mostró su extrañeza sobre el hecho de que al alcalde hubiese firmado –supuestamente en Pozoblanco– los contratos objeto de esta polémica, de que las firmas de los grupos y la agencia que aparecen en los documentos sean las mismas o de que a mediados de enero se añadieran al expediente nuevos documentos que no figuraban en el mismo con anterioridad. Dalda fue aún más lejos al afirmar que esta forma de actuar no ha sido exclusiva de la Feria del Valle 2017, sino que ya se hizo de igual modo en años anteriores, con el mismo grupo de empresas, vinculadas a un destacado político socialista.
También fue tajante en sus planteamiento el portavoz de IUCA, Miguel Villa, que contestó a Mar Morales señalando que, pese a existir una denuncia, el tema no está aún judicializado, por lo que consideró que "pierde una nueva oportunidad para dar explicaciones sobre los contratos adjudicados a personas vinculadas al Partido Socialista". Además Villa dejó sobre la mesa serias dudas sobre la legalidad del procedimiento, indicando que en los documentos existen distintas firmas para una misma persona e indicios de que "se ha simulado un procedimiento de contratación" para realizar una adjudicación directa y "se han añadido o extraído documentos del expediente con posterioridad, sin firma ni sello oficial" convirtiendo el mismo en un "caos", para concluir afirmando que todo apunta a que el PSOE "quiso beneficiar a un miembro de su partido".
Las palabras de Miguel Villa fueron contestadas por el alcalde, Juan Pérez, quien en todo solemne aseguró al edil de IUCA que "el PSOE siempre actúa con honestidad y honradez y poner este extremo en cuestión deja mucho que desear".
Cabe reseñar asimismo que durante todo el punto se ausentó del plenario el concejal de Seguridad Ciudadana, Fran Adame, que tras las palabras iniciales de Mar Morales reclamó de forma airada la retirada del asunto del orden del día, motivando la recriminación del propio alcalde, que reconoció el derecho de los grupos de la oposición a expresarse en este punto. Adame salió del salón de plenos y no volvió hasta la finalización del punto.
El debate fue retomado por vía de urgencia, ante la petición del PP de creación de la citada comisión de investigación, que fue aprobada pese a la negativa del PSOE, que entiende que su puesta en marcha resulta innecesaria habida cuenta de que el asunto está ya judicializado, postura que defendió Teresa Alonso y con la que coincidió Vicente Dalda, que se abstuvo.
La comisión será presidida por el edil del PP, Francisco Aguilar, actuando como vicepresidenta de la misma la portavoz de Ciudadanos, Purificación Joyera.