El portavoz de IUCA en el ayuntamiento de Lucena ha emplazado hoy al PP a que acuda a los juzgados si considera que ha existido alguna irregularidad en la autorización del pago de un total de 45.000 euros en concepto de trienios al alcalde de Lucena y los ediles José Cantizani y Manuel Lara, que el firmó en su día como teniente de alcalde ante la imposibilidad legal de que lo hicieran los interesados, o en el otorgamiento del carácter de indefinido al contrato del arquitecto contratado en su día para la redacción y dirección de las obras ejecutadas en el casco histórico a través del programa FEDER, hechos por los que el PP pidió ayer la dimisión de los cuatro ediles, anunciando la posibilidad de remitir los hechos a la justicia.
Villa indicó que no piensa dimitir: "Si lo que quieren es que entregue el acta de concejal para la que he sido elegido por los lucentinos por cumplir con la legalidad, ¿qué habría que hacer con la charpa de sinverguenzas y corruptos que existen en ese partido?", manifestó Miguel Villa, que pidió a los populares que "si entienden que hay un alcalde que se ha asignado un dinero que no le corresponde y no va a dimitir solo cabe plantear una moción de censura o una reprobación plenaria, o, en su caso, acudir a los tribunales". Para Villa, el PP y su portavoz, Paco Huertas, "simplemente pretenden conseguir un titular y llamar la atención ante su inactividad como oposición, limitada a señalar baches o árboles a los que se les caen las hojas en el turno de ruegos y preguntas".
En idénticos términos se manifiesto Carlos Villa, calificando las palabras del PP como "bravuconada del portavoz PP ante su falta de liderazgo en su partido para tomar protagonismo ante quienes piensan que está haciendo una oposición floja".
Miguel Villa hizo una detallada descripción del proceso seguido para el pago de los trienios a Juan Pérez, José Cantizani y Manuel Lara, mostrando media docena de informes jurídicos de distintas áreas municipales que certifican el derecho de los interesados a reclamarlos y la legalidad de percibir dichas cantidades, concluyendo que su papel en este tema fue meramente accesorio y se limitó a firmar una autorización en virtud de su cargo de primer teniente de alcalde ante la imposibilidad de que lo hiciera el alcalde, por ser parte interesada. "Si no lo hubiese hecho habría incurrido en prevaricación", aseguró Villa.
Para el portavoz de IUCA "la única desvergüenza política en este caso es la del PP, al que habría que recordar que esto ha sido posible gracias a una ley aprobada en el Congreso de los Diputados solo y exclusivamente con el voto del PP, para que se reconociese el pago de trienios a políticos que se habían visto obligados a bajarse sus sueldos por estar por encima de los límites fijados en cada caso". Villa aseguró que IUCA "ha actuado siempre con honestidad, no así el PP, que viene a tachar de inmoral actuar con respeto a la ley que ellos mismos han aprobado".
Respecto al caso del arquitecto, Villa indicó que "cuando asumí la responsabilidad de concejal de Urbanismo el arquitecto ya estaba contratado, por tanto el PP mienten cuando me imputa la contratación del mismo, que se hizo un año antes". Respecto a los supuestos servicios realizados fuera de las competencias de su contrato, principal argumento esgrimido para lograr el carácter indefinido de su contrato, Villa indicó que "se trató de encargos puntuales y hay sentencias judiciales que indican que este tipo de encargos no hacen que el contrato pueda devenir en indefinido". Entre esos encargos Villa citó la certificación urgente del estado de ruina de una vivienda cuya techumbre se hundió en la calle Alhama en un festivo en el que ninguno de los arquitectos municipales se encontraba en la ciudad.
Villa insistió en que Paco Huertas es abogado y sabe que"sería un delito decir que esto contraviene la legalidad y que se esta rozando una infracción y no acudir a los tribunales para demostrarlo", por lo que le emplazó a que lo haga. "Caso contrario –aseguró– podrían estar simplemente poniendo el ventilador de los trapos sucios en marcha para enredar y poner en duda la honestidad de personas que no nos merecemos con el único interés de tomar protagonismo mediático".
Para Miguel Villa "inmoral es, en el caso del señor Julián Ranchal que ayer nos acusaba, ir a un acto público de Afammer, caerse y romperse unos dedos y pedir al Ayuntamiento una reclamación patrimonial de 300 euros, que luego retiró al ver que el ayuntamiento no era el organizador de dicho acto, por lo que fue desestimada. Eso si es doble moral", espetó Villa al edil popular.