La ex directora general de Formación Profesional para el Empleo, María José Lara González, ha comparecido en la mañana de este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre el supuesto fraude en la concesión de cursos de formación subvencionados por la Unión Europea. La exconcejala del PSOE en el Ayuntamiento de Lucena ha optado por no contestar a las preguntas de los diferentes partidos políticos, a excepción de las formuladas por el grupo socialista, y ha leído una intervención inicial y una conclusión. En su declaración, ha asegurado "estar tranquila" por "todo" lo que realizó "durante los ochos meses efectivos en el cargo". Asimismo, señalaba que en el transcurso de dicho tiempo "no tuvo conocimiento de irregularidad" y que "los jefes de servicio y los técnicos actuaron con toda la mayor legalidad".
María José Lara, quien fue detenida en marzo de 2015 en el marco de la Operación Barrado y puesta en libertad con cargos horas después, permaneció en la estructura de la Junta entre mayo de 2008 y el mismo mes del 2009. Ante las acusaciones del PP de que la acumulación de citados que no declaran responde a una "estrategia del PSOE"; Lara subrayó que en la actualidad "no ostenta ningún cargo político ni orgánico y no recibe instrucciones de nadie".
Por otro lado, indicó que en su labor "continuó con los procedimientos anteriores" e impulsó la trasposición de la normativa estatal a Andalucía en referencia a la ley de formación para el empleo, aunque no llegó a verla terminada porque fue destituida antes.
De igual forma, precisó que la convocatoria que le competía es la de 2007. "Este expediente se cierra, previa fiscalización y contabilización, en el segundo trimestre de 2009 y ese no se reclama, además, yo me fui en abril". En cuanto al consorcio Formades de Almonte, controlado por la Junta, María José Lara dijo que "presidía otra escuela sin remunerar en un puesto que era inherente al cargo". Tanto este como el otro consorcio en el que figuraba "tenían un gerente y un interventor".