La Asociación Lucena Acoge se sumó este jueves a las actividades organizadas por el grupo provincial de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social con motivo de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza con la celebración de una performance en la Plaza Nueva y la lectura de un manifiesto, como forma de concienciar sobre los factores que determinan las crecientes dificultades que experimentan miles de familias para tener una vida digna y salir del círculo vicioso de la pobreza y la exclusión social.
Jorge Pescador, técnico de Lucena Acoge, señalaba que el problema de los lanzamientos por arrendamiento sigue siendo preocupante, con 126 ejecuciones en 2023 en el conjunto de la provincia, lo que refleja una situación insostenible para aquellos que no pueden hacer frente al pago de su alquiler. A esto se suma el constante aumento del precio de la vivienda. Según los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el valor medio de la vivienda libre en Córdoba ha incrementado en 1,1 euros por metro cuadrado, lo que dificulta aún más el acceso a la vivienda para las familias con ingresos bajos y medios.
Otro problema detectado es la falta de acceso a los servicios públicos esenciales, que se convierte en una barrera que impide que las personas más vulnerables obtengan el apoyo necesario de manera oportuna y eficaz. Sin un acceso adecuado a servicios como la sanidad, la educación, o la vivienda, las personas en situación de vulnerabilidad quedan desamparadas frente a necesidades básicas. Esta carencia profundiza las desigualdades, generando frustración y desprotección, ya que, en lugar de recibir el respaldo necesario, se ven marginadas y sin soluciones concretas.
Entre las demandas prioritarias de los 16 colectivos provinciales que respaldan en Córdoba la labor de la de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social destacan la reclamación de una intervención inmediata y eficaz por parte de las autoridades locales, autonómicas y nacionales para hacer frente a estas problemáticas. Es imprescindible "garantizar un empleo digno para todas las trabajadoras y trabajadores, reduciendo la precariedad laboral que afecta de manera desproporcionada a las mujeres; asegurar el acceso a una vivienda digna, controlando el aumento de los precios y ampliando la oferta de viviendas sociales paro quienes más lo necesitan y facilitar el acceso a los servicios públicos básicos, simplificando los trámites burocráticos, teniendo en cuenta la existencia de la "brecha digital" que hace inaccesibles para muchas de estas personas el acceso a la simple información y garantizando que las personas en situación de vulnerabilidad reciban las ayudas necesarias de manera rápida y efectiva".