En el acto, se dieron lectura a estas medidas que, divididas en dos ámbitos, español y europeo, pretenden crear conciencia sobre la situación actual de las políticas actuales en materia de inmigración así como exigir el cumplimiento de una serie de medidas urgentes por parte del gobierno que obtenga la victoria en las elecciones del próximo 25 de junio.
En el ámbito estatal se exige el cumplimiento del compromiso asumido por España de reubicar y reasentar a los casi 18.000 refugiados que en un principio el gobierno se comprometió a acoger. Del mismo modo, el manifiesto urge a mejorar el acceso de los refugiados en varios frentes mediante la aprobación del reglamento de Asilo y la trasposición de las directivas europeas cuya ausencia, según el texto, dificulta derechos como la reagrupación familiar y la atención a personas con especial vulnerabilidad. La mejora del sistema español de acogida, la garantía de las vías de acceso legales y seguras, que permitan a los migrantes evitar recurrir a redes de tráfico de personas poniendo en peligro su seguridad, y los actuales incumplimientos en los plazos de resolución de las solicitudes de asilo, también se atajan en el texto.
Se exige también un plan de acción para la frontera sur, donde, según el manifiesto, los derechos humanos no están garantizados. En este sentido piden derogar el apartado de la Ley de Seguridad Ciudadana que da cobertura legal a las denominadas ‘devoluciones en caliente’.
Por último, en este ámbito, instan a los poderes públicos a atajar las causas que provocan la emigración, fomentando procesos de paz en los países de origen y fortaleciendo las políticas de cooperación para el desarrollo e impulsando una educación para la ciudadanía global.
Por su parte, en el ámbito europeo, el manifiesto pide activar la Directiva de Protección Temporal, que ahora mismo no se aplica en ningún lugar de Europa y que impediría la desprotección de las personas que huyen a otros países con motivo de conflictos en sus lugares de origen. Así mismo, se pide que España impulse una reforma del actual Sistema Europeo Común de Asilo y que no se suscriban acuerdos con países que vayan en contra de los Derechos Humanos, pidiendo explícitamente la derogación del controvertido acuerdo con Turquía del pasado 18 de marzo, que ha levantado ampollas en muchas organizaciones sociales de ámbito internacional.