Las 47 trabajadoras del servicio de limpieza de los diecisiete institutos de Secundaria y Bachillerato de la Subbética, los conservatorios de Lucena, Cabra y Priego de Córdoba y las escuelas de idiomas de la comarca que ayer fueron a la huelga, no volverán a sus puestos de trabajo hasta que la firma catalana Tempo, adjudicataria del contrato, no regularice el pago de las cantidades que adeuda a este colectivo. "La huelga es total e indefinida", ha señalado a LucenaHoy Francisco Moro, responsable regional de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), sindicato que representa a las trabajadoras, tras concluir la reunión mantenida con la Dirección General de Empleo para determinar los servicios mínimos, en la que no ha comparecido la empresa pese a haber sido emplazada a ello por la administración andaluza.
Moro ha señalado que la propuesta realizada por las trabajadoras limita esos servicios a una trabajadora por centro en días alternos y solo durante dos horas, aunque ahora será la autoridad laboral la que fije una propuesta alternativa. "Entre tanto, los centros educativos afectados no dispondrán de servicio de limpieza alguno", ha indicado el líder sindical. Dado que la propuesta de servicios mínimos de Empleo pude prolongarse durante varios días, todo apunta a que esta huelga generará problemas si no se alcanza un acuerdo.
Las trabajadoras, que el martes se concentraron a las puertas de la Delegación de Educación para denunciar su situación, reclaman el cobro de la nómina de noviembre y denuncian que Tempo no facilita las nóminas y tampoco el calzado adecuado o los productos de limpieza, que tienen que aportar ellas mismas. Pero es que además, la empresa ni siquiera les atiende por teléfono ni ofrece explicación alguna sobre los impagos, lo que hace aún más crítica la situación de unas empleadas para las que, en muchos casos, este es el único salario de la unidad familiar.
Francisco Moro ha señalado que la situación de Tempo en la Subbética es similar a la que mantiene en otras zonas de España, por lo que desconfía en que la firma cumpla con sus obligaciones y exige a la Junta que proceda " a la extinción del contrato, que no se hace cargo de nada ni atiende los requerimientos de la propia administración, y a pagar a las empleadas y absorber a la plantilla hasta tanto se produzca una nueva licitación y adjudicación del servicio a una empresa responsable, para lo que le faculta el artículo 130.3 de la Ley de Contratos del Estado".