Este borrador de ordenanzas fiscales, presentado esta mañana en comparecencia de prensa por la titular del área, Carmen Burgos, se caracteriza por mantener congelados la mayoría de las tasas municipales y los impuestos –entre ellos el IBI de Urbana para el casco urbano y el IBI de Rústica que se mantienen estables–, con algunas excepciones, tales como el incremento del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de gran cilindrada –más de 20 caballos– en los que el coeficiente pasa del 1,7 al 1,8, que equivale a unos 10 euros de incremento en el recibo anual; la creación de una nueva tasa por apertura de establecimientos de salones de juego de 2.875 euros o el establecimiento por apertura de mercadillos en suelo privado de 300 euros.
De igual modo, la propuesta de ordenanzas propone cambios en la tasa por la utilización privativa del aprovechamiento del dominio público para la instalación de cajeros automáticos (se establece un pago anual de 650 euros) y en la tasa por actuaciones singulares de regulación y control del tráfico urbano que necesite la presencia de efectivos de Policía Local (se fija el pago en 30 euros por agente participante). Asimismo se propone unificar la cuota tributaria correspondiente a la tramitación de las bodas civiles a la establecida para la tramitación de los expedientes de las parejas de hecho, quedando ambas en 30 €.
Otro capítulo de las novedades fiscales se concentra en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía, donde la propuesta de Hacienda plantea incrementar hasta el 60% (actualmente es del 50%) la bonificación de este impuesto cuando la transmisión se hace a un descendiente de primer grado y hasta el 95% (ahora es del 90%) en el supuesto de la muerte de ambos cónyuges y que entre ambos fallecimientos no haya transcurrido más de un año.
Del borrador también destaca la exención del pago de la tasa durante los seis primeros meses para aquellos que inicien la actividad comercial en el mercado municipal de abastos.
Carmen Burgos ha cifrado entre 50.000 y 60.000 euros el descenso de recaudación que obtendría el Ayuntamiento de aplicarse las ordenanzas fiscales propuestas, de ahí que "sea una apuesta por bajar la presión fiscal sobre la ciudadanía sin que eso suponga reducir la calidad ni la cantidad de servicios públicos que a día de hoy se prestan a nivel municipal", pensando sobre todo "en una ciudad sin exclusiones y que favorezca a las familias más desfavorecidas".
La edil lucentina ha añadido que la propuesta que se eleva a Pleno responde a los objetivos de "combatir la despoblación en el medio rural, representado en nuestro municipio principalmente por las pedanías de Jauja y las Navas" y de "ayudar a tener un medio ambiente urbano más limpio, donde los traslados a pie y la bicicleta y coches eléctricos ganen terreno sobre los vehículos más contaminantes".