La oposición en bloque obligó ayer al equipo de gobierno a reconsiderar su postura de no abonar este año a los trabajadores municipales el complemento de productividad, que viene regulado mediante un Reglamento específico.
Este concepto se ha remunerado en los últimos años, pero no fue dotado de partida en los presupuestos municipales para el ejercicio actual, habida cuenta de que se encontraba pendiente de conclusión la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) –que tras tres años de trabajo no ha llegado a finalizarse– en la que debían establecerse los criterios para la distribución de los 350.000 euros con los que está dotada.
Según exponen los firmantes de la moción –PP, Ciudadanos, IUCA y el edil no adscrito Vicente Dalda– el Reglamento de Productividad establece que será el pleno quien determinará cada año la cuantía destinada a estas retribuciones, así como la obligación de la corporación de establecer la cuantía que debe destinarse a dicho fin, siendo ineludible tal obligación.
Para los proponentes, la "inacción" del equipo de gobierno respecto a la finalización de la VPT perjudica a los trabajadores, que no percibirían las retribuciones pactadas, por lo que todos los grupos solicitaban la dotación de una partida de gasto con la denominación "productividad" con cargo a la partida denominada "Valoración de puestos de trabajo", y que en el plazo máximo de 7 días naturales se elaboren los criterios y valores de redistribución de dicha partida o, en caso de no hacerlo, se acuerde la creación de una comisión especial con el mismo fin.
El asunto dio lugar a un largo debate, tenso por momentos, ante un nutrido grupo de funcionarios municipales que ocupó el salón de plenos durante la sesión.
La concejala de Personal, Teresa Alonso, abría su intervención asegurando que la propuesta presentada por la oposición era "la más electoralista presentada durante la actual corporación municipal. Según Alonso, "no se está incumpliendo ninguna norma" y "aunque el reglamento existe, es el equipo de gobierno quien debe determinar la cantidad a distribuir y este año no hay cantidad alguna fijada en los presupuestos municipales".
Alonso aseguró que ningún grupo de la oposición había manifestado hasta ayer nada acerca de este tema "ni en la reuniones de la Mesa General de Negociación ni en las comisiones informativas de Hacienda" y añadió que el reglamento aludido señala que durante el mes de octubre habrán de definirse los criterios de distribución y en noviembre realizarse los pagos, algo manifiestamente "imposible" en este caso, por lo que la pretensión de la oposición obligaría a modificar el reglamento, algo que, según el Secretario de la corporación municipal conllevaría al menos cuatro meses de trabajo. Alonso aseguró que la "productividad" no es "una retribución pactada" ni tampoco "un derecho adquirido por los trabajadores" sino "algo que se pacta cada año".
Las palabras de Alonso dieron lugar a un aluvión de críticas desde las bancadas de la oposición.
Dalda reiteró que, con el reglamento en la mano, es el pleno quien aprueba la productividad y los votos de la oposición sumaban mayoría, acusando a Alonso de "hacer caso omiso de las peticiones de los trabajadores". Miguel Villa (IUCA) indicó que la oposición se limitaba a cumplir la ley "ante la ineficacia del equipo de gobierno y de la concejal de Personal para hacer su trabajo". Villa pidió a Alonso que "reconozca sus errores" y definió la medida como "un acto de justicia con los trabajadores". Purificación Joyera (Ciudadanos) manifestó que "electoralista no es pedir que se cumpla un reglamento sino no derogar algo que no se piensa cumplir" como habría hecho el equipo de gobierno y Paco Huertas (PP) preguntaba a Alonso "qué va a hacer con los 350.000 euros de dotación de la Valoración de Puestos de Trabajo" y le exigía que "cumpla la norma y lo haga ya".
Finalmente la moción de la oposición se aprobaba con la abstención del equipo de gobierno y la duda sobre la viabilidad técnica de la misma, habida cuenta de que solo quedan dos meses para que finalice el año y de que los criterios de valoración deberían haberse definido en octubre.
El alcalde, Juan Pérez, indicaba que "habrá que ser bastante imaginativos" para sacar adelante la propuesta de la oposición y la propia Interventora abría algunas puertas, como la transferencia de crédito de la VPT a la partida de "productividad", aunque advertía de las dificultades para adoptar un acuerdo que, caso de incumplir algún aspecto del reglamento vigente, podría ser impugnado.