.
El ayuntamiento de Lucena no adoptará por el momento ninguna decisión drástica sobre el futuro de los numerosos servicios municipales que podrían verse afectados de forma directa o indirecta, total o parcial, por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el gobierno de España, publicada en el BOE el 30 de diciembre de 2013 y ya en vigor.
El concejal de Hacienda y Personal, José Cantizani, ha indicado a LucenaHoy que "si tuviesemos que aplicar esta ley a rajatabla hay hasta una decena de servicios municipales que se verían afectados y sobre los que incluso tenemos serías dudas de que se puedan seguir prestando a los ciudadanos".
Entre esos servicios figuran los que prestan el Centro de Información a la Mujer, el Centro Municipal de Atención Temprana, la Escuela Municipal de Música y Danza, la oficina de información juvenil, la Atención a Domicilio, el programa de prevención de drogodependencias, todos los servicios vinculados a la atención a emigrantes, la Oficina Municipal de Información al Consumidor o áreas municipales como Educación, Sanidad, Innovación y Empleo.
El ayuntamiento va a elaborar un catalogo de todos los servicios y personal que podrían verse afectados por la aplicación de la controvertida ley. Al cierre de muchos de estos servicios se sumaría el despido del personal laboral vinculado a dichas áreas y la reubicación del personal funcionario en otros departamentos. Según las primeras estimaciones municipales, varias decenas de empleados públicos podrían encontrarse en una de estas situaciones.
Además, Cantizani indica que la ley afecta a otros sectores sociales, al no permitir, por ejemplo, el mantenimiento de las actuales subvenciones que reciben colectivos humanitarios como la asociación de Alzheimer, la Asociación Española contra el Cáncer o cualquier otra de carácter sanitario e incluso deja dudas sobre la posibilidad de que el consistorio pueda pagar, como hasta ahora, el combustible y mantenimiento de los centros educativos o su aportación a las políticas activas de empleo, como la escuela taller o el taller de empleo recientemente solicitado.
El edil de Hacienda ha indicado que en estos momentos la aplicación real de la ley es mínima en toda España. "No tenemos noticia de que ningún ayuntamiento importante la esté aplicando", asegura Cantizani, que explica que "la nueva norma marca un claro conflicto competencial con otras de igual rango como la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), aprobada en 2010, que establece las competencias propias de los ayuntamientos, entre las que figuran muchas de las que ahora retira la nueva Ley de Administración Local aprobada por el PP". No obstante, los técnicos municipales están asistiendo a numerosas reuniones para intentar conocer el alcance y forma de aplicación de la nueva norma. "Nadie tiene nada claro" asegura José Cantizani que apela a "la tranquilidad de toda la plantilla de trabajadores de estos servicios" y deja claro que "el equipo de gobierno dejó clara con la aprobación de los presupuestos municipales y la relación de personal al servicio del ayuntamiento para este año su vocación de mantener todos los puestos de trabajo actuales, y, a día de hoy, y salvo imperativo legal, mantiene la misma postura".
Sobre la posibilidad de que el ayuntamiento pueda apelar a su saneada economía para retrasar la aplicación de la ley hasta final de 2015, Cantizani se mostró excéptico, "ya que aunque podemos decir que los números del consistorio lucentino son positivos y estamos rebajando la deuda, hay cuestiones como los plazos de pago a proveedores fijados en 30 días que por el momento no podemos cumplir, debido a la propia sinergia de la crisis, el retraso con el que llegan las aportaciones de otras administraciones o las deudas que estás mantienen con el ayuntamiento y que nos obligan a retrasar pagos mediante fórmulas como el confirming".
UNA LEY MUY DISCUTIDA
Al intenso debate previo sobre la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a la que se han enfrentado comunidades autónomas, partidos políticos, sindicatos y numerosos ayuntamientos de diferente signo político, se suma la más que segura presentación de numerosos recursos de inconstitucionalidad. Desde quienes se oponen a la ley se argumenta que no se trata de una simple actualización del nivel competencial municipal, sino que supone una auténtica involución del régimen local, que tendrá consecuencias sociales en forma de mayores desigualdades, y un deterioro y cierre de servicios públicos que afectarán a los vecinos y al empleo público, negando a los municipios la autonomía política y suficiencia financiera. Además, se ha criticado que esta reforma se justifique en la eficiencia económica y en la reducción del déficit público, puesto que la deuda de los Ayuntamientos apenas supone un 3% de la deuda en las administraciones públicas.
Desde el PP se defiende que la reforma local pretende clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio una Administración una competencia, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.