La Fiscalía de Córdoba considera nula de pleno derecho la decisión de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) de cerrar el centro con el que contaba en Lucena y trasladar a las personas que atendía y que tenían concedida plaza en el mismo a otro centro del que dispone en la vecina localidad de Cabra. Según adelanta hoy el diario provincial ABC Córdoba, Faisem habría incurrido en la nulidad radical de actuaciones por los «plurales y sucesivos incumplimientos de la legislación aplicable del Código Civil", por lo que insta a la entidad dependiente de la Junta de Andalucía a volver a abrir su centro en Lucena "y a la depuración de responsabilidades por parte de la Administración".
El fiscal delegado de Discapacidad y Mayores de Andalucía, Fernando Santos Urbaneja archiva así las diligencias informativas sobre el cierre del centro de día de Faisem en Lucena el pasado mes de marzo tras la decisión unilateral de la fundación de cerrar sus puertas en Lucena tras las diferencias surgidas en la renegociación de su convenio con el Ayuntamiento de Lucena sobre la cesión del local municipal que ocupaba en la zona del Valle.
El fiscal Santos ha confirmado esta resolución a través de un decreto, al que ha tenido acceso a ABC, después de requerir en los últimos meses tanto al Ayuntamiento de Lucena como a la gerencia de Faisem para dilucidar las razones de este cierre, que afecta a 18 enfermos mentales de la Subbética (5 vecinos de Lucena y otros tantos de Iznájar, Rute, Puente Genil y Encinas Reales), considerando el fiscal que con este cierre se ha privado de estos recursos imprescindibles para el bienestar de estos enfermos mentales –en su mayoría con ezquizofrenia o psicosis– y de sus familiares que mantienen a estas personas en sus domicilios desde el pasado mes de marzo.
Los preceptos infringidos pasan por ejemplo por el hecho de que los actos de cambio de titularidad y los de cese del servicio o cierre del centro requerirán la comunicación previa a la Consejería de la Presidencia o a la de Asuntos Sociales, según sus respectivas competencias, con una antelación mínima de tres meses, si bien a petición del interesado la Administración podrá discrecionalmente acceder a la reducción de dicho plazo.
La nulidad radical y, por tanto, insubsanable, recoge el decreto firmado por Fiscalía, conlleva «el tener que restituir y retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la comisión del vicio de nulidad más alejado, esto es el que aparece en primer lugar».
En este sentido, Santos Urbaneja insta a la Consejería de Igualdad , Políticas Sociales imponer a Faisem las sanciones derivadas del incumplimiento de lo regulado por el decreto que regula los Servicios Sociales de Andalucía y deja abierta la posibilidad a que los familiares de los usuarios con plaza en el centro de Lucena puedan formular reclamaciones y peticiones de indemnización contra las Consejerías de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la de Salud y Familias sobre la base del funcionamiento anormal de los servicios públicos, así como de la propia administración andaluza contra Faisem.
El equipo de gobierno ya manifestó en su día –frente a las acusaciones del PP sobre una posible responsabilidad municipal en la salida de Faisem de Lucena– que, a su juicio, la fundación había abandonado la ciudad por razones de índole económica, no derivadas de la renegociación de su convenio, mostrando su total disposición a la vuelta del centro a nuestra ciudad.