El alcalde de Lucena, Juan Pérez, se ha referido hoy al conflicto laboral que mantiene en situación de huelga indefinida a las trabajadoras del servicio de limpieza de los institutos de nuestra ciudad y ha solicitado a la Junta de Andalucía la adopción de medidas urgentes para paliar la situación. Pérez ha indicado que a estas alturas "no se pueden esperar dos meses a que se resuelva el procedimiento administrativo de rescisión del contrato con la empresa Tempo", por lo que consideró que "es necesaria una salida alternativa" y "Educación debe dar un salto adelante y arbitrar otras soluciones inmediatas".
El regidor lucentino ha señalado que se encuentra "doblemente preocupado", de una parte por la salubridad en los centros educativos y de otra por el aspecto formativo del alumnado, que está perdiendo clases muy importantes, sobre todo para los niveles de 2º de ESO".
Así, Juan Pérez, que aseguró que el contacto con la delegación territorial de Educación es permanente, ha adelantado que el PSOE llevará al pleno una moción instando a una solución inmediata al conflicto "para intentar presionar un poco más". Además el alcalde de Lucena ha reiterado, en respuesta a algunas AMPAS y padres de alumnos que "aunque quisiera, el ayuntamiento no puede realizar la limpieza de los centros educativos ya que es una competencia impropia de las corporaciones locales". Según Perez "los trabajadores del ayuntamiento no pueden entrar en los institutos", además de que desde un punto de vista meramente laboral, resultaría ilegal la sustitución de trabajadores en huelga sin un mandato expreso de la autoridad competente.
En esa línea, las AMPAS estudian la posibilidad de denunciar la situación de insalubridad de los centros ante Sanidad como medida para que se autorice una limpieza de emergencia en los centros, en los que no se actúa desde hace un mes y se acumulan restos de comida, latas y basuras en papeleras, aulas y pasillos.
Esta mañana algunos centros han encontrado sus puertas bloqueadas con cadenas y candados, que han sido rotos por la policía local para garantizar el derecho de acceso a las aulas a aquellos alumnos que no han secundado una huelga que, en mayor o menor medida, afecta ya a la práctica totalidad de los institutos de la ciudad.