Primero en la comisión de Bienestar Social, después en el órgano homólogo de Hacienda y este jueves, en comparecencia pública, Izquierda Unida ha expuesto, como solución "a las dudas e incertidumbres" que se suscitan cada cuatro años", su propuesta de asumir desde el Ayuntamiento, de forma directa, la gestión del servicio de asistencia a domicilio, actualmente prestado a través de una empresa privada a la que se le adjudica un contrato de dos años, prorrogable a otros dos.
Miguel Villa, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lucena, sostenía que "la mejor fórmula" sería la institución de una sociedad mercantil pública –cuyo capital íntegro lo insufla la Administración Local- porque redundaría "en una mejora de la calidad del servicio público, de las condiciones de los empleados y del propio trabajo". La Junta de Andalucía cuantifica anualmente este servicio en tres millones de euros y 200.000 horas de asistencia y estipula un pago de 13 euros por hora. Villa añadía que, con el importe que otorga la Junta, más el dinero que asigna el Ayuntamiento, "la viabilidad económica estaría garantizada", si se aceptase el planteamiento de Izquierda Unida.
Desde Izquierda Unida también manifiestan que la Ley de Bases del Régimen Local, en su artículo 85, permite la constitución de entidades públicas empresariales locales para gestionar este tipo de recursos. Asimismo, de igual forma, se acepta una tercera vía, consistente en la asunción de las funciones por parte de la Delegación de Servicios Sociales, pero, IU no la estima "conveniente" en este caso.
En su intervención, Carlos Villa, describía que seis empresas han registrado oferta para obtener la concesión del contrato correspondiente al servicio de ayuda a domicilio. A modo de aclaración, subrayó que "ni IU ni el resto de otros grupos que conforman la Corporación hemos puesto en duda, en ningún momento, la viabilidad de la empresa adjudicataria –Ineprodes- porque tengo conocimiento, político y profesional, de su gran solvencia ya que presta este tipo de servicios en muchas localidades andaluzas, está habilitada como entidad prestadora de servicios de ayuda a domicilio y acredita solvencia económica, técnica y profesional".
No obstante "a todos nos surgen dudas acerca de si el precio de adjudicación cubre o no el coste/hora que tiene el servicio a prestar". El precio "licitado" se fija en 11,48 euros/hora y, proseguía Carlos Villa, "entendemos que no cubre el coste del servicio" porque si a los 10,20 euros que supone el coste/hora del auxiliar, se añaden los gastos relativos a coordinadores, auxiliares administrativos y trabajadores sociales –asciende a 11,21 euros/hora-, aparte de los gastos de funcionamiento –material, alquiler del local, gastos de energía, uniformes, prevención riesgos laborales y la vigilancia de la salud-, estipulados en 0,35 euros/hora; y las mejoras que han de ofertarse y que, como mínimo, se fijan en 0,164 euros/hora, "haciendo una simple suma, 11,48 euros/hora, no cubre el precio del coste del servicio". Ante esto, y en base a un "estudio riguroso de cálculos", el precio más bajo aceptable sería de 11,547 euros/hora, "una media ponderada".
El concejal de Izquierda Unida añadía que "también hay pendiente una revisión pendiente del convenio de la ayuda a domicilio que se está negociando, si bien es verdad que se encuentra parada desde marzo, y si contamos los beneficios empresariales que lícitamente toda empresa debe tener, nos daría perfectamente que entendemos que la viabilidad económica no daría para cubrir todos los servicios".
Los grupos políticos del Consistorio, de manera conjunta, han requerido a Ineprodes "un informe sobre la viabilidad económica". Villa insistía en que "la gestión directa desde lo público puede derivar en una mayor eficacia y eficiencia, siempre que se gestione bien" y recalcó que "estamos hablando de personas dependientes, personas mayores que precisan de atención especializada".
Sobre el momento adecuado para cambiar la modalidad de gestión, Carlos Villa dijo que "nuestra idea es lo antes posible", a la vez que admitía que "habrá que esperar al informe que emita la empresa y lo que digan los servicios jurídicos del Ayuntamiento". No obstante, en todo caso, "en el caso de que haya que adjudicar, es un tiempo inicial de dos años, y se irían empezando las gestiones, valorando todo lo posible, y encaminándonos a que la gestión la haga el Ayuntamiento". Finalmente, Miguel Villa matizó que, en estos momentos, "no hay ningún contrato todavía, lo que ha habido es un proceso de adjudicación al mejor precio y una selección del adjudicatario, no ha habido formalmente adjudicación ni compromiso, y si el Ayuntamiento considerara que por razones e interés público la propuesta de IU debería llevarse adelante lo único que puede ocurrir es que Ineprodes pidiera daños y perjuicios y, desde mi punto de vista, solo por gastos ocasionados al estar en proceso de selección".