El equipo de gobierno eleva a 1,6 millones la cantidad que deberá pagar el Ayuntamiento a Trabajo y a 44 ex empleados de distintos programas laborales, por la parte de la Seguridad Social y salarios no atendidos en su momento

Un millón de euros es reclamado por Inspección de Trabajo y 600.000 son la estimación de los pagos e intereses reclamados por 44 ex trabajadores. Para la primera cantidad, el Ayuntamiento ha pedido un aplazamiento.

11 de Diciembre de 2023
Una imagen del Ayuntamiento de Lucena. Archivo

El Ayuntamiento de Lucena empezará en 2024 a hacer frente al pago del millón de euros que le reclama la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en concepto de cuotas de la Seguridad Social no atendidas por el consistorio, en su mayoría correspondientes a trabajadores contratados a través de los distintos programas de fomento del empleo de los últimos años, que percibieron como salario el establecido en dichas convocatorias, en lugar del fijado en el convenio marco del Ayuntamiento de Lucena. 

El concejal de Personal y portavoz municipal del PP, Francis Aguilar, ha señalado en nuestro espacio "El Café" que finalmente, siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos municipales, se ha optado por prestar conformidad a las actas de la inspección y hacer frente a esta deuda en lugar de acudir a la vía judicial, Así, se ha solicitado a Trabajo un aplazamiento de los pagos, y ya se ha consignado para 2024 una partida de 250.000 euros correspondientes a la parte de liquidación inaplazable. 

OTROS 600.000 EUROS ADICIONALES

No obstante, la cantidad a pagar por el ayuntamiento en relación con estos contratos laborales suscritos con cargo a los programas de empleo extraordinarios gestionados a nivel municipal en los últimos años a través de iniciativas como el Plan Aire, el Programa Emple@Joven o el Emplea @mprende+, será aún mayor. Y es que ya son 44 las reclamaciones judiciales de cantidad interpuestas por las personas que realizaron esos trabajos, para percibir las diferencias entre los salarios recibidos y los que oficialmente les correspondían en virtud de los consignado para su categoría profesional.

Según ha explicado Aguilar, de esas 44 reclamaciones ya son 14 las sentencias desfavorables, tras ser inicialmente recurridas, y otras 34 las señaladas para los próximos meses. Así, según las primeras estimaciones, será necesario hacer frente a otros 600.000 euros, incluidos intereses, para satisfacer estos pagos, lo que elevará en torno a 1.6 millones de euros el coste de esta decisión del anterior equipo de gobierno "con la que nos hemos encontrado por sorpresa y de la que no habíamos sido informados". 

 

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