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El ayuntamiento de Lucena ha imputado a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía algo más de un millón de euros correspondientes a las obras de estabilización y consolidación del talud norte del parque empresarial "Príncipe Felipe", realizadas hace dos años y cuya contratación y pago había sido realizada por el Ayuntamiento ante la necesidad de garantizar la seguridad de las naves ubicadas en la zona, después de que los desprendimientos ocasionaran importantes daños materiales a media docena de naves industriales.
Ya en aquel momento, el consistorio indicó que no aceptaba responsabilidad alguna sobre las causas del desprendimiento y reclamó las cantidades invertidas a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), los técnicos redactores de los proyectos de las naves afectadas por el deslizamiento y sus propietarios, como posibles responsables del deslizamiento.
Según ha explicado a LucenaHoy el concejal de Urbanismo, Miguel Villa, la decisión se produce después de que una reciente sentencia judicial exculpara al consistorio de cualquier responsabilidad en estos desprendimientos y declarara al resto de implicados como responsables solidarios. El edil de IUCA ha indicado que "se ha decidido actuar contra la parte más solvente, en este caso la administración autonómica, con la que el propio ayuntamiento mantenía una deuda por las obras de urbanización del polígono por un importe similar que ya no será satisfecho a EPSA.
Los trabajos fueron realizados por la empresa General de Estudios y Proyectos en dos fases e incluyeron la corrección de los daños ocasionados por los deslizamientos de terreno mediante un "cinturon" de hormigón atado a una serie de pilotes verticales en la parte superior del talud y una escollera con piedras de pequeño tamaño y una red de drenaje en la zona inferior y la reforestación de la ladera. Durante las obras fue necesario retirar más de 60.000 metros cúbicos de tierra.
En noviembre de 2010, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba había declarado nula de pleno derecho la resolución dictada el 18 de diciembre de 2009 por el entonces presidente de la Gerencia de Urbanismo, Francisco Algar, por la que se consideraba a los propietarios de las industrias afectadas por los desprendimiento del talud norte del parque empresarial Príncipe Felipe como responsables solidarios de las obras de restauración del mismo, inicialmente valoradas en 357.000 euros, conjuntamente con los redactores de los proyectos de sus naves y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. La sentencia fue recurrida por el ayuntamiento de Lucena ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.