El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía adoptó el pasado día 4 de julio la decisión de suspender de forma cautelar el procedimiento abierto por el ayuntamiento de Lucena para la contratación del servicio de ayuda a domicilio, atendiendo los recursos formulados por las empresas Macrosad SCA y Gestión Profesional de Servicios Sociosanitarios y Educativos, solicitando la suspensión del procedimiento por supuestos errores en la formulación del pliego de condiciones, relativas principalmente a las fórmulas para ponderar la solvencia técnica y económica de las empresas participantes.
Fuentes municipales han indicado que con posterioridad a esta decisión del Tribunal de Recursos Contractuales incluso han llegado a presentarse dos recursos más por parte de asociaciones representativas del sector de los servicios sociosanitarios.
La concejal de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, ha señalado a LucenaHoy que se trata de "recursos tipo" similares a los presentados en otros ayuntamientos y en una práctica habitual en estos últimos meses en este tipo de concursos. Todo apunta a que el objetivo de las empresas es el de bloquear las licitaciones hasta conseguir que la Junta de Andalucía suba el precio por hora que abona a los ayuntamientos por estos servicios –actualmente establecido en 12,5 euros más IVA– y que estos utilizan como base de licitación en la mayoría de los casos, algo que no ocurría con el concurso convocado por el consistorio lucentino, que elevó esa cantidad hasta los 13,15 euros más IVA.
Sea como fuere, Gallardo ha confirmado que la decisión cautelar del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, a la que el Ayuntamiento de Lucena ha presentado alegaciones, supondrá un retraso en la adjudicación del concurso, en estos momentos en suspenso.
Fuentes consultadas por este periódico han señalado que, en la mayoría de los casos, este órgano dependiente de la Junta puede tardar hasta 5 meses en resolver los recursos y, en el caso de ser favorable a las firmas y colectivos recurrentes, supondría retrotraer la licitación a su fase inicial.
La concejal de Servicios Sociales ha señalado que pese al retraso que sufrirá la nueva adjudicación no existe riesgo para la prestación del servicio, que seguirá ostentando Servisar, que ya conoce la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
EL CONCURSO
La licitación del servicio de ayuda a domicilio –la más importante en cuantía económica de cuantos convoca el Ayuntamiento de Lucena– se establece por un periodo de 5 años (periodo inicial del contrato de 2 años más 3 años de prórrogas eventuales a renovar anualmente) con un valor estimado de 17.846.391 euros (3.093.374 euros cada año).
Esta cantidad se ha calculado a un precio de licitación de 13,68 euros (IVA incluido) por hora de servicio prestada en función del número de horas ejecutadas durante el año 2018, en total 226.190 horas, sin que esa cantidad suponga ningún compromiso de prestación de futuro pues dependerá del número de usuarios a los que se les vaya atendiendo.
Esta cifra de licitación base supera la cantidad de 12,5 euros la hora que la Junta de Andalucía paga al Ayuntamiento lucentino para sufragar este servicio, de modo que será el Consistorio quien pague con recursos económicos propios la diferencia que resultara de la contratación, mientras tanto el Gobierno autonómico modifica el precio base.
En la actualidad, el servicio de ayuda a domicilio en Lucena atiende, de media, unos 280 usuarios, dando empleo a 176 personas, con contratos que oscilan entre el 33 y el 100% de la jornada laboral. Todos estos trabajadores se subrogan al nuevo contrato, de modo que la nueva empresa que resulte adjudicataria asume los derechos y obligaciones actuales.
El pliego de condiciones fue aprobado con los votos de todas las formaciones políticas salvo IU a finales de mayo pasado. Conjuntamente se hizo necesario aprobar la prórroga forzosa del servicio con la actual adjudicataria, Servisar Servicios Sociales, hasta tanto se incorpore la nueva empresa, en aras a que no se viese suspendido el servicio, una situación que IU consideró entonces ilegal y que ahora parece que tendrá que perpetuarse por algunos meses más de lo previsto a la vista de las circunstancias.
Pese a la práctica unanimidad, todos los grupos culparon al equipo de gobierno del retraso con el que se producía la nueva licitación, toda vez que desde el mes de enero era conocida la decisión de Servisar de no renovar el contrato que ha venido prestando durante estos dos años. El equipo de gobierno justificó ese retraso en la necesidad de actualizar el pliego, diseñado de forma conjunta con el PP en febrero, tras la entrada en vigor del nuevo Salario Mínimo Interprofesional.