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MANUEL GONZÁLEZ @m_gonzalezgcia
El Partido Socialista Obrero Español se pronunció este miércoles en Lucena sobre la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno central. Bárbara Carrillo Pérez, vicesecretaria general del Área de Bienestar Social de la ejecutiva local socialista, manifestó que el motivo de la comparecencia era 'mostrar el más profundo rechazo' hacia la reforma de la ley de la Administración Local. Carrillo aseguró que el objetivo del Partido Popular es 'la privatización de los servicios públicos' y eliminar competencias a los ayuntamientos en materias de igualdad, educación, sanidad, vivienda y medio ambiente.
El Partido Socialista Obrero Español se pronunció este miércoles en Lucena sobre la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno central. Bárbara Carrillo Pérez, vicesecretaria general del Área de Bienestar Social de la ejecutiva local socialista, manifestó que el motivo de la comparecencia era 'mostrar el más profundo rechazo' hacia la reforma de la ley de la Administración Local. Carrillo aseguró que el objetivo del Partido Popular es 'la privatización de los servicios públicos' y eliminar competencias a los ayuntamientos en materias de igualdad, educación, sanidad, vivienda y medio ambiente.
'El PSOE se niega a pactar cualquier tipo de reforma en la que la pretensión sea privatizar los servicios públicos, recalcó Bárbara Carrillo. No obstante, admitió que la actual ley está 'un poco obsoleta' y citó tres razones principales para su modificación: 'evitar duplicidades, delimitar competencias y garantizar financiación'. Según su visión, el proyecto del Partido Popular no atiende estas necesidades puesto que siguen existiendo cuatro tipos de administración, tales como, la provincia, la comarca, el consorcio y la comunidad. 'No se aclaran competencias y no se garantiza financiación', apuntó la política socialista.
Bárbara Carrillo indicó que en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes las competencias pasarán a entroncarse en las diputaciones provinciales. Para ella, es un 'retroceso a los años 70' y se quejó de que los miembros de las diputaciones no serán elegidos por los ciudadanos. La miembro de la ejecutiva local del PSOE continuó destacando que el Partido Popular desea privatizar los servicios públicos y concedérselos a empresas privadas para que gestionen la basura o el transporte, por ejemplo, y que ello supondrá 'un monopolio de precios'.
'En el caso de Lucena se podrán seguir nombran once concejales y siete trabajadores como personal de confianza, así que no sabemos dónde está el ahorro de los 3.500 millones', opinó Barbara Carrillo. En palabras de la política socialista, el problema reside en la deuda de las grandes ciudades como Madrid, que según sus datos, acumula una deuda de 7.000 millones de euros. En último lugar, apostó por racionalizar los sueldos de los cargos electos, homologarlos, regular las dietas de aquellos que trabajan en exclusividad y de los que no y establecer un régimen de incompatibilidades, para que no se perciban dos sueldos.
Hasta Lucena se trasladó Rafaela Crespín, alcaldesa de La Carlota y coordinadora del área de Igualdad y Bienestar de la ejecutiva provincial del PSOE. 'La reforma local persigue lo que siempre pretende el Partido Popular, hacer contrarreformas para desmantelar el Estado de Bienestar', afirmó. Asimismo, avisó de que esta iniciativa 'pone en juego los servicios públicos' y 'la igualdad de oportunidades, la equidad y la igualdad de condiciones'.
Rafaela Crespín comentó que se siente 'legitimada' puesto que es alcaldesa de La Carlota y lo vive en su piel 'día a día. 'Esta reforma es puramente ideológica, hecha en la sede de Génova', sostuvo. 'El PP no cree en el Estado de las Autonomías, ni en los Ayuntamientos, ni en las Administraciones, ni en las Diputaciones, aunque ahora algo más porque gobiernan en más de ellas. Tampoco creen en la pluralidad política', sentenció la regidora socialista.
Rafaela Crespín vaticinó que el PP ambiciona que la toma de decisiones se aleje de los ciudadanos y se eleve al Gobierno central y que está 'descafeinando el sistema democrático'. Crespín llegó a señalar que los vecinos de los distintos municipios deberán irse a Madrid a explicarla a Mariano Rajoy sus problemas. 'Los socialistas preferimos la rentabilidad social a la económica', indicó.
La política socialista insistió en que su formación tiene la obligación de 'echarse a la calle' y defendió que en el PP no piensan los ministros ni las ministras, sino que lo hacen 'Génova y la Cospedal' (sic). Por último, denunció las injerencias de la Conferencia Episcopal y se opuso a que se sufraguen con dinero público colegios con segregación de sexos, aunque no aclaró su posicionamiento sobre las ikastolas en el País Vasco o los centros educativos catalanes donde el castellano no es tratado como dicta el Tribunal Constitucional.
Antonio Sánchez Villatoro, secretario de organización del PSOE de Lucena, aseguró que él desea que el Gobierno de España 'haga cosas buenas' para todos los españoles, pero que no es así. Sánchez Villatoro calificó de 'atentado contra la sociedad' las reformas en la Administración Local y la LOMCE en Educación. 'El PP quiere cambiar el modelo de sociedad a los españoles, el modelo que nos hemos dado', concluyó el político lucentino.
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