El Partido Popular de Lucena ha pedido hoy al alcalde, Juan Pérez, "que no acepte el chantaje" que a su juicio supone el ofrecimiento del Gobierno de España de permitir que los ayuntamientos puedan hacer uso de una parte del superávit obtenido en los últimos años para gastos derivados de la pandemia, a cambio de ceder al propio Gobierno otra parte a modo de préstamo a diez años.
El acuerdo contempla que las Entidades Locales que, con carácter voluntario, pongan a disposición del Gobierno sus remanentes de tesorería –cuyo uso está actualmente limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera creada en su día por el PP– irán percibiendo de manera proporcional a los remanentes que cedan un ingreso no financiero durante 2020 y 2021. A partir de 2022, y en un plazo de diez años, los Gobiernos Locales habrán recibido la totalidad de los remanentes cedidos y podrán utilizarlos sin incurrir en déficit.
La Diputada y edil lucentina del PP, María de la O Redondo ha asegurado que este acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) –aprobado con los únicos votos del PSOE– supondría para el consistorio lucentino ceder al Gobierno unos 700.000 euros que el ayuntamiento podría dedicar a ayudas a empresas, autónomos y familias lucentinas que van a precisar ese dinero como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus.Para Redondo la decisión del gobierno supone esquilmar a los ayuntamientos el ahorro de sus vecinos y chantajear al municipalismo, "para desarrollar exclusivamente actuaciones consecuentes con su propio ideario político "en lugar de colaborar con los consistorios para salvar esta difícil situación".
"No solo no nos dan, sino que no nos permiten gastar lo que esperábamos, obligándonos a entregar los ahorros justo cuando lo que necesitamos son ayudas del gobierno para hacer frente a las consecuencias de la crisis y a lo que se nos avecina" ha puntualizado la diputada lucentina, que recordó que, en una primera propuesta apoyada por todos los partidos, la FEMP pedía al Gobierno la autorización para que los ayuntamientos pudiesen usar la totalidad de su superávit y la flexibilidad de la regla de gasto para 2020, propuesta que avaló el propio pleno del Ayuntamiento de Lucena a propuesta del grupo municipal socialista, tras desestimar una moción de los populares. Por ello, María de la O Redondo ha pedido a Juan Pérez "que actúe en consecuencia, mire a los lucentinos y no a su partido y por el bien de los vecinos rechace la propuesta del gobierno".
"Nuestro objetivo es ayudar al alcalde, si es que ha olvidado esta moción que aprobó" para que, tras el día 15 de septiembre, fecha límite para tomar una decisión, "no nos llevemos la sorpresa de que haya entregado el superávit del ayuntamiento al Gobierno", por lo que pidió a Pérez que "se ponga la mano en el pecho" y piense si el ayuntamiento puede desprenderse "de esos remanentes que, mentalmente, ya habíamos gastado y que podrían servir para ayudar a los lucentinos".
El ayuntamiento de Lucena contaba con unos 930.000 euros de superávit, de los que ya ha obtenido autorización para utilizar un veinte por ciento en medidas frente al COVID-19.
Aunque la norma –que todavía debe ser aprobada por el Parlamento– autoriza a los alcaldes a adoptar esta decisión mediante un decreto y sin paso previo por el pleno, los populares han pedido que antes se convoque a todos los grupos de la oposición "al menos para que nos enteremos por la prensa".