El PP ha pedido hoy al alcalde de Lucena, Juan Pérez, que cese a la concejal delegada de Servicios Sociales, Teresa Alonso "si ve que no está capacitada para llevar delante esta delegación".
Los populares consideran como "dos casos más de incapacidad del equipo de gobierno y del alcalde como responsable del mismo" la devolución de 85.000 euros del convenio suscrito con la Junta de Andalucía para la prestación del servicio de Atención Temprana, o los retrasos de "hasta seis meses" en la justificación de los gastos del programa de Ayuda a Domicilio, cuya documentación debe presentarse en los diez primeros días del mes siguiente, lo que según los populares genera retrasos en el cobro y obliga al Ayuntamiento a adelantar el dinero –hasta 600.000 euros– durante este año. Hoy, Paco Huertas y Francisco Aguilar han anuncidado que pedirán "responsabilidades políticas" por estas situaciones.
ATENCIÓN TEMPRANA
Respecto al programa de Atención temprana. Francisco Aguilar ha indicado que en diciembre pasado el Ayuntamiento tuvo que devolver 85.000 euros del convenio suscrito con la Junta de Andalucía para la financiación de este servicio debido a la incapacidad para ofrecer el total de sesiones disponibles. A ello se ha sumado el pago de otros 4.200 euros en concepto de intereses por el retraso en la devolución.
Aguilar indicó que "no sabemos si esta situación se ha producido por dejadez de la concejala de Servicios Sociales o por falta de tiempo para ejecutar los servicios incluidos en el convenio". Además, el edil popular señaló su sorpresa ante la diligencia de la administración andaluza para cobrar al consistorio los intereses devengados "cuando el ayuntamiento tiene que reclamar judicialmente los producidos por el retraso en el pago del programa de ayuda a domicilio".
El segundo de los asuntos abordados hoy por el grupo popular se refiere precisamente a este último programa. En este caso, Aguilar ha manifestado que tras la modificación de las condiciones de financiación del servicio por parte de la Junta de Andalucía en junio de 2017, el ayuntamiento dejó de percibir unos 90.000 euros. "Pero además –manifestó Aguilar– en la orden se modificaba la periodicidad de los pagos, que pasaba a ser mensual en lugar de semestral, viniendo obligados los ayuntamientos a justificar el gasto en los diez días naturales de cada mes.
Según el edil del PP, la delegación de Servicios Sociales habría venido incumpliendo esos plazos de forma sistemática, con el consiguiente retraso en el cobro. Indicó Francisco Aguilar que "el mes de julio de 2017 se justificó el 23 de enero de 2018, el de septiembre en febrero o el de octubre en marzo, lo que supone un retraso de más de seis meses en la justificación sobre lo que marca la orden".
Todo esto se traduce según los populares en que la Junta de Andalucía haya llegado a adeudar al Ayuntamiento hasta 600.000 euros por este concepto, cantidad adelantada por el consistorio a la empresa que presta el servicio "con lo que parece que ahora somos nosotros los que estamos incumpliendo".