El PP anunció esta semana que el ayuntamiento deberá afrontar en los próximos años un sobrecoste en personal cifrado en unos 430.000 euros si no se eliminan los complementos personales transitorios que siguen percibiendo una veintena de trabajadores procedentes de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo, hoy integrados en la plantilla del consistorio lucentino, pese a que todos los grupos coiniciden en considerarlos injustos.
El concejal del PP, Julián Ranchal, acompañado por el portavoz municipal, Paco Huertas, denunció esta semana la "pasividad" y "falta de voluntad política" del equipo de gobierno para resolver este asunto promoviendo la nulidad de dichos complementos. Ranchal indicó que "estamos ante una historia interminable, en la que no solo no se ha hecho nada por parte de los sucesivos gobiernos del PSOE, sino que incluso se han empeorado las cosas".
El PP ha señalado que este grupo de trabajadores perciben anualmente entre 1.500 y 7.000 euos más que el resto de sus compañeros a través de un complemento personal transitorio creado como consecuencia de una valoración de puestos de trabajo en la Gerencia Municipal de Urbanismo, que, tras la absorción de este organismo por el Ayuntamiento supone una anomalía y "un agravio comparativo" con el resto de trabajadores de la misma categoría profesional que "con igual competencia perciben una menor remuneración por su labor".
PETICIÓN DE RESPONSABILIDADES
Según explicó Ranchal, estos complementos se incorporaron en 2009 y "existen sendos informes de la Secretaría y Vicesecretaría del Ayuntamiento que señalan que la forma en que se crearon no fue legal". Según el relato del edil popular, "se decidió entonces ponerlo en conocimiento del Juzgado pero se envío tarde al abogado, que solo dispuso de 4 días para presentarlo, dos de ellos fin de semana, por lo que finalmente no se presentó". Tampoco admitió el Juzgado una presentación posterior en segunda instancia, por lo que los complementos se han mantenido hasta hoy. Como consecuencia de todo ello se realizó una reclamación por responsabilidad civil contra el letrado, por valor de unos 150.000 euros, cantidad en la que se valoró inicialmente el cincuenta por ciento de la cuantía de este complemento para las arcas municipales hasta la jubilación de los trabajadores que lo perciben –300.000 euros, según un primer estudio, que debe incrementarse según el PP hasta los 430.000 euros con la incorporación de los trienios–.
Respecto a las posibles responsabilidades políticas, un informe concluyó en el pasado mes de febrero, que, de haberlas estarían prescritas. No obstante, dicho informe apuntó la posibilidad de declarar estos complementos "nulos", por lo que en febrero pasado se encargó un nuevo informe a un técnico municipal, que fue recusado por los trabajadores interesados en marzo. Desde entonces y hasta el momento no se ha resuelto la recusación, por lo que el asunto sigue "pendiente de si se puede recusar o no". De ahí que los populares hablen de "pasividad" y "falta de voluntad política" para cerrar este tema por parte del equipo de gobierno, que habría argumentado que "no hay funcionarios suficientes para hacerlo".
RESPUESTA DEL EDIL DE URBANISMO
Preguntado por esta situación por este periódico, el concejal de Urbanismo –anteriormente de Personal–, José Cantizani, indicó que "más ganas de resolver este asunto que tiene el equipo de gobierno, no la pueden tener ellos". Según Cantizani "este tema no se resuelve en dos minutos, lleva mucho tiempo, hay que ir con paso firme y seguro, ya que se pueden vulnerar derechos de muchos trabajadores".