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El pleno del ayuntamiento de Lucena mostró ayer su apoyo unánime a una moción del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena en la que se interesaba la adhesión del consistorio lucentino a las reivindicaciones de esta institución, con 143 años de historia y fuerte arraigo social en nuestra ciudad, contra el anteproyecto de Ley de Servicio Profesionales elaborada por el Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo texto incluye la posibilidad de que los 83 colegios de abogados existentes en la actualidad en el territorio nacional queden reducidos a 17, uno por Comunidad Autónoma y la eliminación de los 33 colegios de abogados de ámbito inferior a la provincia entre ellos el de Lucena.
El acuerdo manifiesta que el Colegio de Abogados de Lucena es una de las instituciones en que se estructura la sociedad civil y reconoce la importante función que ha desarrollado a lo largo de su dilatada historia en defensa del Estado del Derecho, el derecho de defensa y la defensa de los Derecho Humanos, al tiempo que declara a la entidad colegial como "una institución necesaria y un valor en nuestra ciudad", y expresa "el apoyo total e incondicional a su subsistencia".
En este sentido, el concejal de Servicios Sociales, Carlos Villa, recordó que la Ley de Servicios Profesionales puede suponer una injerencia en las competencias legislativas de la Comunidad Autónoma Andaluza. Además, indicó, es una institución que no supone ningún coste para la ciudad, ya que se sufraga con las cuotas de sus miembros; realiza una labor social y formativa; artícula servicios como el turno de oficio o la atención a mujeres maltratadas, que de otra forma obligarían a sus usuarios a trasladarse a Códoba y mantiene cuatro puestos de trabajo.
En similares términos se expresaba el portavoz del PSOE, Manuel Lara, que aseguró que el Colegio de Abogados "presta un servicio público básico social que no supone coste alguno al municipio".
OTROS ASUNTOS DE PLENO
En otro orden de cosas, el pleno aprobó la alegación interpuesta por el Consejo de Consumidores y Usuarios contra la nueva ordenanza municipal del servicio público de taxis, que incluye la supresión de la parada de Jauja. Este organismo alegaba que la eliminación de la parada puede encarecer el servicio para los vecinos de Jauja. Carlos Villa manifestó que los taxistas de Jauja siguen disponibles en la aldea y argumentó que uno de los dos taxis de la pedanía presta servicio de taxi adaptado a los 42.000 habitantes de Lucena y los ingresos de estos profesionales eran muy reducidos al trabajar solo en Jauja.
También quedó aprobado por unanimidad el carácter prioritario y de la necesidad urgente e inaplazable de la contratación de dos jardineros, trámite necesario para llevar a cabo nuevos contratos tras las limitaciones impuestas por la Administración del Estado.
Del mismo modo se aprobó una aportación de 900 euros a la Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía, con sede en Lucena, para el mantenimiento del piso para familiares de pacientes trasplantados en Córdoba y se rechazó un recurso de reposición de la Asociación de Artesanos de Lucena contra el acuerdo plenario de reintegro de la subvención de 8.000 euros concedida a este colectivo en 2011 por no presentar la documentación justificativa de parte del gasto subvencionado.
En este caso con la abstención del PP, quedaron aprobados sendos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, para el pago de facturas extraviadas presentadas por proveedores a lo largo del año 2012. La primera suponía el reconocimiento por el ayuntamiento de cinco facturas por importe de 1.612 euros, y una sexta por otros 1.557 euros presentada con posterioridad. La segunda se refiere a la Gerencia de Urbanismo y marcaba el reconocimiento extrajudicial de una factura de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por importe de 62.450 euros correspondiente a obras de urbanización en el Parque Empresarial "Príncipe Felipe".
El PP criticó la ineficacia del equipo de gobierno para hacer frente al pago de estas facturas en su correspondiente ejercicio contable, mostró su extrañeza porque este tipo de situaciones se repitan con cierta frecuencia y pidió "más diligencia".
Por su parte, el edil de Hacienda, José Cantizani, consideró dentro de la normalidad que durante un año puedan extraviarse algunas facturas entre los miles de ellas que se reciben, indicó que ninguna de las empresas había requerido el pago y algunas de ellas corresponden a organismos actualmente inexistentes como la antigua Escuela Taller.
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