El equipo de gobierno considera que no se dan las circunstancias para promover la apertura de un expediente disciplinario para delimitar responsabilidades –si las hubiera– por parte de los mandos del cuerpo de policía local que hubiesen podido ser participes de la situación que desencadenó la baja laboral de un oficial de este cuerpo, actualmente reintegrado en su puesto a petición propia pese a haber obtenido en su momento la incapacidad laboral permanente.
Así se desprende de las palabras de la edil de Personal , Teresa Alonso, que llevó el peso de la comparececia en pleno –solicitada por IUCA y avalada por el resto de formaciones de la oposición municipal– para conocer las circunstancias que determinaron la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba y el informe del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía que consideran hechos probados "que los Superiores Jerárquicos del oficial del Policía Local, no permitieron el desarrollo de las funciones propias de la categoría profesional de este funcionario que se vio obligado a actuar como mero policia y no como oficial durante años" y que dicha situación fue "plenamente conocida, consentida y provocada por los superiores jerárquicos del policía, los cuales provocaban está situación y otras complementarias como continuas desautorizaciones, situación de aislamiento y degradación profesional", situación que a juicio del portavoz de IUCA, Miguel Villa, pueden calificarse como acoso laboral, pese a que ambos instituciones evitan pronunciarse en dichos términos.
Teresa Alonso realizó una extensa exposición, incluyendo en la misma el dictamen del expediente de información reservada instado por el alcalde tras tomar conocimiento de la situación de este trabajador, que se cerró cocluyendo que no hubo acoso laboral y las conclusiones de la valoración de riesgos psicosociales realizada a la plantilla de la policía local, considerada poco relevante dado que solo participaron en la misma 16 de los 72 agentes de la policía local.
Alonso aseguró que el ayuntamiento actuó adecuadamente tras conocer los hechos y pese a que no existió denuncia previa, puso en marcha medidas correctoras y reparó las deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo, que señaló riesgos graves o moderados en cuatro de los nueve parametros estudiados. Según Alonso "no quedó demostrado que existiese un trato degradante a este agente" y "en ningún caso se ha podido concluir que existiera acoso o mobing". A ello añadió Adame que "solo puede hablarse de una afectación psicológica" del policía que denunció los actos y "no puede imputarse dejación de la administración" ni atribuirle a esta responsabilidad sobre lo sucedido. La edil indicó que "ningún juzgado nos condena como responsables del accidente laboral de este trabajador, solo declara que ha existido" y añadió que el equipo de gobierno "respeta pero no comparte el informe del Consejo Consultivo, que atribuye a ayuntamiento una parte de la responsabilidad de los hechos".
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El concejal no adscrito Vicente Dalda acusó a Alonso de ofrecer una visión sesgada del contenido de las sentencias y obviar documentos del expediente reservado y determinados aspectos de la sentencia del Juzgado de los Social número 2 de Córdoba y el poserior informe del Consejo Consultivo de Andalucía que a su juicio dejan clara la responsabilidad del ayuntamiento y los superiores jerárquicos del agente afectado y la existencia de prácticas de acoso laboral. Dalda pidió la apertura de expediente.
Purificación Joyera, portavoz de Ciudadanos recordó a Alonso que "las cosas no son la etiqueta que se les pone sino lo que son", defendiendo que, pese a que sentencia e informe no hablen de acoso, los hechos que consideran probados pueden identificarse con esta figura. Joyera pidió a la concejal de Personal, "que no reste importancia a esta situación, reconozca un mínimo de responsabilidad y no desacredite el sufrimiento de este trabajador".
Paco Huertas, portavoz del PP, pidió que se extreme el cuidado con estos temas. Más duro fue el portavoz de IUCA, Miguel Villa, que calificó la intervención de Alonso como "farragosa" y "batiburrillo de datos para desorientar a los ciudadanos". Para Villa "este policía sufrió una situación de acoso, claramente degradante en su trabajo, que derivó en una enfermedad" y es "un hecho probado que el origen de esta situación está en el trato recibido de sus superiores y que dicha situación fue plenamente consentida por el equipo de gobierno". Además Villa consideró un hecho irregular que el instructor del expediente de información reservada que debía determinar su hubo una posición de abuso de poder por parte de los superiores del cuerpo policial fuese encomendada a un agente con un rango inferior , para concluir pidiendo la apertura de un expediente disciplinario.
Recordar por último que el Consejo Consultivo de Andalucía ha instado al Ayuntamiento de Lucena a que indemnice a este agente de la Policía Local –que estuvo de baja provisional y luego permanente como consecuencia del presunto hostigamiento y acoso laboral que sufrió desde que ganó un ascenso– por una cuantía de 20.000 euros, frente a la petición de 60.000 euros que éste solicitó a la administración local, y que aún puede solicitar judicialmente. "Sin necesidad de calificar los hechos como acoso laboral", el Consejo ha considerado acreditado que el Ayuntamiento "no supo prevenir" un riesgo psicosocial y los daños a un agente al que le denegaron "de manera sistemática y consciente" las funciones propias de su categoría.