La dilación de los trámites administrativos para la disolución de la empresa pública de Suelo y Vivienda (Suvilusa) y su integración en el organigrama del Ayuntamiento, debido a la complejidad del proceso y las diferencias técnico-jurídicas entre distintos departamentos municipales, están retrasando la puesta en marcha del concurso público para la adquisición de viviendas vacías de promotoras o entidades financieras de cara a incrementar el parque municipal de vivienda social, iniciativa que el ayuntamiento pretendía hacer efectiva a mediados de año.
Así lo ha indicado hoy la edil de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, cuya delegación está previsto que asuma el área de Vivienda, de quien dependerá la gestión de los inmuebles de protección oficial y el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, una vez que desaparezca Suvilusa.
Gallardo ha señalado que "actualmente es Suvilusa el órgano que tiene delegadas las competencias en materia de compra de vivienda", por lo que una vez adoptada a primeros de año la decisión de amortizar esta empresa municipal no tiene sentido que se produzca esa licitación.
La edil socialista señaló que por el momento no hay una fecha concreta para cerrar este proceso de disolución de la empresa municipal. No obstante, el propio alcalde se ha marcado en distintas ocasiones como objetivo que la integración del activo y pasivo de la empresa pública y la absorción de sus competencias y personal por parte del Ayuntamiento pueda culminar antes de que acabe el actual ejercicio económico.
Así las cosas, parece difícil que la primera compra de viviendas procedentes de activos bancarios o promotoras se pueda ejecutar este mismo año, como estaba previsto. En este sentido Gallardo ha indicado que, de no ser así, la medida pasaría al próximo ejercicio, aunque no ha podido concretar si los presupuestos contemplarían una partida adicional a los 350.000 euros con los que se había dotado este programa para 2022, de cara a la adquisición de una decena de viviendas y su adecuación para su adjudicación posterior siguiendo la Bolsa municipal de demandantes de Vivienda Social, en el que actualmente figuran unas 80 familias lucentinas.
Un setenta por ciento de los demandantes actuales responden al perfil de familias monoparentales o parejas mayores de 65 años, por lo que se potenciará la compra de pisos de uno y dos dormitorios.
Además, la adquisición de este tipo de inmuebles figuraba como una de las actuaciones para intentar atajar el problema de la ocupación de viviendas.