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El ayuntamiento de Lucena sigue buscando posibles salidas desde lo público a la parálisis que vive el sector inmobiliario local, tanto en lo que se refiere a su propia bolsa de viviendas de protección oficial, no vendida como consecuencia de la crisis económica y las dificultades de los adjudicatarios para acceder a créditos hipotecarios, como a la falta de actividad general en la construcción.
El concejal de Urbanismo, Miguel Villa, ha señalado a LucenaHoy que el consistorio ha iniciado contactos con la Consejería de Obras Públicas de cara a modificar el régimen de venta de las promociones construidas tanto en el Plan de Actuación Urbanística 1, popularmente conocido como El zarpazo, como en el Plan Parcial Oeste 1.
Según Villa, el ayuntamiento está estudiando sacar la totalidad de esas viviendas o al menos una parte de las mismas en régimen de alquiler con opción de compra, lo que permitiría la obtención de una renta por las mismas.
Actualmente el ayuntamiento, a través de la empresa municipal Suelo y Vivienda de Lucena (SUVILUSA), dispone de casi medio centenar de pisos de protección oficial y unas doscientas cocheras, y el ritmo de venta de los mismos es de apenas un piso al mes. La importante deuda que arrastra SUVILUSA, tanto con proveedores unos 550.000 euros que serán pagados a través del programa de pago puesto en marcha por el Gobierno central como con los adjudicatarios que se han visto obligados a renunciar a sus pisos al no poder hacer frente al pago de los mismos, es uno de los principales lastres económicos que arrastra el ayuntamiento de Lucena en estos momentos.
VENDER MÁS SUELO
De otra parte, Villa señaló que, en una zona como El Zarpazo, la ocupación de la promoción se traduciría en una revitalización de esta bolsa de suelos residenciales que podría facilitar el inicio de nuevas promociones.
En este sentido, el ayuntamiento pretende poner en marcha un programa que favorezca la venta de suelo municipal en planes urbanísticos como El Zarpazo en condiciones muy ventajosas para propietarios individuales que pretendan destinarlas a la autopromoción de viviendas. Entre esas medidas podría figurar el aplazamiento del pago de los terrenos hasta que se haya alcanzado un porcentaje determinado de la edificación. Esto permitiría al ayuntamiento la enajenación de suelo de titularidad municipal, incrementaría los ingresos por impuestos y tasas urbanísticas y daría un nuevo impulso a las pequeñas empresas constructoras, generando empleo.
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