.
El alcalde de Lucena, Juan Pérez mostró el pasado martes su respaldo y el de todo el equipo de gobierno municipal a la gestión realizada por el concejal de Deportes, Agustín Corrales, en torno a la decisión de que el consistorio no se subrogase en los contratos de una decena de trabajadores de la empresa Hydragestión, que habían venido trabajando en las piscinas municipales, decisión que los juzgados han considerado como despido improcedente, consignando importantes indemnizaciones a los mismos.
El regidor lucentino indicaba que "Corrales tiene todo mi apoyo y el de todo el equipo de gobierno" y añadía que "si hay alguna responsabilidad sería en todo caso mía, ya que la decisión fue consensuada". Pérez contestaba así al propio concejal de Deportes, que minutos antes ponía su cargo a disposición del equipo de gobierno indicando que "si el alcalde y mi grupo deciden que no se actuó de forma correcta no tendré ningún problema en asumir mi responsabilidad por este tema".
Corrales contestaba a la pregunta del portavoz del PP, José María Morillo-Velarde, que otorgó al alcalde un mes de plazo para "para que explique que tipo de responsabilidades se van a exigir por este desafuero y despropósito". Morillo-Velarde indicó que "vamos a exigir que se asuman responsabilidades a quien corresponda" y calificó los despidos de estos trabajadores como "políticos", asegurando que "se saltaron a la torera nuestro ordenamiento jurídico".
Agustín Corrales volvió a defender la decisión adoptada en su día, que se ha saldado con la declaración de improcedencia de todos los despidos. Corrales dijo que "las sentencias no se discuten, se acatan", pero aseguró que "sobre casos similares existen sentencias contradictorias" y maninifestó que "se actuó con sentido común, considerando que las instalaciones podían gestionarse con personal propio" y que la gestión directa era la mejor opción tras ver el estado en el que dejó las instalaciones la anterior concesionaria.
Por su parte, Morillo-Velarde, volvió a insistir en que la decisión se adoptó despreciando los informes elaborados por los servicios jurídicos municipales que aconsejaban la subrogación.
.
.