El letrado lucentino Javier Ortiz López de Ahumada –en su momento candidato al cargo de Diputado Primero de la Junta de Gobierno en las elecciones para la renovación de dicho órgano como consecuencia de la dimisión en bloque de la Junta anterior por desavenencias con el Decano, Diego Juan Chacón– ha presentado una denuncia contra este por una presunta "prevaricación continuada" ante el incumplimiento de la resolución del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados que obliga a la convocatoria de una nueva cita electoral para la elección del cargo al que optaba Ortiz y al que se le impidió concurrir por una decisión declarada posteriormente nula.
Según indica el letrado lucentino en una nota informativa "desde que el 27 de mayo se resolvió por la Junta Electoral del Colegio de Abogados de Lucena su proclamación como candidato al cargo de Diputado Primero de la Junta de Gobierno, resolución confirmada por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados a comienzos de este mes, se ha producido un continuado incumplimiento de la obligación de convocar Junta de Gobierno para fijar fecha de celebración de elecciones a dicho cargo, obligación ésta que pesa sobre el Decano, que ha sido requerido para ello tanto por la Junta Electoral como por su propia Junta de Gobierno en distintas ocasiones, produciéndose así un claro perjuicio al candidato".
Para Ortiz "esta obligación no admitía demora, pues las resoluciones dictadas son ejecutivas de forma inmediata, como señalan los Estatutos del Colegio de Abogados de Lucena y del Consejo Andaluz". De hecho, la primera reclamación que efectuó Javier Ortiz López de Ahumada, en febrero de 2021, no suspendió el proceso electoral, llegándose a celebrar elecciones a los demás cargos de la Junta de Gobierno a excepción del de Diputado Primero, pues fue declarada electa otra candidata, precisamente componente de la candidatura conjunta que se presentó para sustentar al Decano tras la dimisión de todos los miembros de la Junta de Gobierno anterior, declaración también anulada por las resoluciones dichas.
A juicio del denunciante "el consciente incumplimiento por parte del Decano de esta obligación de convocatoria y su empecinamiento antiestatutario de mantener en el cargo a la Diputada declarada electa a pesar de la anulación de dicha declaración, constituye un presunto delito de prevaricación continuada", que ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Córdoba, mediante escrito presentado por Ortiz en el día de ayer en la sede de la Fiscalía de Lucena "para su investigación y esclarecimiento".