El grupo municipal de Entre Todos, Sí Se Puede Lucena solicitará al Pleno del Ayuntamiento de Lucena la creación de una comisión de investigación que depure "las responsabilidades administrativas o penales" derivadas de las obras de reimplantación de la iglesia de san Pedro Mártir. Vicente Dalda, portavoz de la formación, aseveró, para justificar su petición, que la licencia de obras era ineficaz puesto que las tasas –unos 8.000 euros- se abonaron cinco años y un mes después de los plazos establecidos por la Ley General Tributaria y, además, añadió que no consta la existencia de un informe arqueológico, dos requisitos indispensables para certificar la autorización. Por otro lado, reafirmó la acusación realizada algunos días en la que mantenía que restos humanos procedentes de la cripta del templo habían aparecido en el vertedero de las canteras de Campo de Aras. En resumen, se reclama "una respuesta de los promotores y responsables de la ejecución de las obras y de los representantes públicos, políticos y funcionarios, sin cuya connivencia o complicidad difícilmente se hubiera producido todo lo anterior".
Dalda, quien concluye el texto que remite a la Corporación con un versículo del Evangelio de San Juan, en el que se atribuye a Jesús las palabras "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres", indicaba que su propósito es "investigar los hechos que rodean el inicio, la construcción y las obras de San Pedro Mártir". De igual forma, comentó que "se trata de conocer nuestra historia y la verdad, con todas sus consecuencias, y evitar que se repita".
En el preámbulo de su escrito, registrado en el Consistorio el 8 de abril presente, alude a los artículos 9 y 14 de la Constitución Española para recalcar que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social":
El edil de ETSSPL reiteró que restos humanos, tales como "lápidas, restos de ataúdes, cráneos, vertebras y fémures", se han hallado en una "escombrera". Vicente Dalda apuntó que posee "dos colecciones de fotografías", aunque prefiere no mostrarlas públicamente "para no hacer escarnio". No obstante, una vez finalizada su comparecencia, enseño las imágenes a los medios de comunicación que asistieron a su convocatoria. "Son varios reportajes, del archivo municipal y de otros sitios". En relación a esta cuestión, dijo temer que "todavía sigue habiendo en el vertedero", agregó que "en el proyecto de obra se habla de excavación por medios mecánicos en el subsuelo, en el sótano" y se aventuró manifestar "muy posiblemente, los cofrades que iniciaron la cofradía en la iglesia de San Pedro con los dominicios" estarían enterrados en dicho lugar. "Ya no lo podremos saber, jamás podremos saber, quién estaba allí, qué familia, qué herencia genética tenían; y cuando se hacía esa barbaridad en la iglesia, estábamos con el pincelito desenterrando cuerpos en el cementerio judío".
En su exposición, señaló que no ha recibido "ninguna notificación de ningún juzgado" y pronunció el aforismo "el que amenaza y no dá tiene la mano cagá" (sic). Dalda respondió de esta forma cuando fue cuestionado por las declaraciones tanto de la junta de gobierno de la Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús como del exalcalde Bergillos –a quien criticó no haber avisado a la Policía Judicial cuando tuvo conocimiento del caso- en las que, en ambos casos, se reservaban la posibilidad de ejercer acciones legales contra él por las acusaciones de profanar enterramientos en San Pedro Mártir. El concejal de Entre Todos en modo alguno rectificó. Más bien al contrario, ya que aceptaría de buen agrado –según desveló- ser llamado por los Tribunales para ofrecer las distintas pruebas que maneja.
Por otro lado, defendió que el pago de los 8.000 euros correspondientes a las tasas de las operaciones en San Pedro Mártir debería haberse satisfecho antes del 5 de diciembre de 2006 y no se efectuó hasta el 7 de octubre de octubre. "Aunque resulte extraño, no hubo recargo de apremio". Dalda recordó que "el secretario de la cofradía el 20 de octubre de 2006, cuando se produce la notificación, es a su vez técnico de gestión de la gerencia de Urbanismo y no consta en el expediente (núm.8417/05) requerimiento alguno para el pago". Con todo ello, "si este Ayuntamiento no aclara estas irregularidades y depura responsabilidades, carecerá de legitimidad desde el punto de vista ético para exigir a cualquier ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones".