La asociación de vecinos Crisaras considera que la figura del Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial para agrupaciones de edificaciones irregulares, previsto en la nueva Ley Urbanística de Andalucía (LISTA), sería a día de hoy la mejor opción para desbloquear la ejecución del expediente sancionador abierto por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que podría suponer el corte del suministro de agua a las más de 500 viviendas existentes en la zona.
De hecho, Crisaras incluso ha solicitado por escrito y de forma oficial que el Ayuntamiento encargue la redacción del citado plan especial y se acoja a la línea de subvenciones que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía para este tipo de actuaciones, de forma que ello no suponga un coste para las arcas municipales.
En el mismo escrito Crisaras pide al consistorio lucentino que de cumplimiento a un acuerdo plenario que data del año 2000, por el cual el Ayuntamiento se comprometía a llevar la red municipal de aguas hasta Campo de Aras, según ha explicado el presidente de la entidad vecinal, Manuel Hurtado.
Desde Crisaras se considera que el acuerdo entre ayuntamiento y vecinos para el desarrollo de este Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial supondría "una prueba de la voluntad de las partes de solucionar el problema" que sería suficiente para que la CHG de marcha atrás en su pretensión de cortar el agua y aguarde la ejecución de estas obras, que supondrían además una fórmula para iniciar la regularización de esta importante bolsa de viviendas fuera de ordenación urbanística.
Crisaras celebró este lunes una reunión informativa para dar a conocer a los propietarios estas gestiones y los pasos que restan por dar ante la propia CHG, tras la decisión de este organismo de desestimar las alegaciones formuladas en segunda instancia por los vecinos.
Según Hurtado el plan especial solicitado permitiría analizar las redes de infraestructuras necesarias en la zona y garantizar un futuro suministro de agua municipal para todas aquellas viviendas que cuentan con la declaración de Asimilado Fuera de Ordenación (DAFO).
Respecto al convenio inicialmente propuesto por el Ayuntamiento de una petición colectiva y mayoritaria de esta figura urbanística por parte de los propietarios, Hurtado ha indicado que "consideramos que no es la mejor opción en este momento, ya que los AFO requieren un tratamiento específico, sin menoscabo de seguir trabajando en esa línea". La asociación considera necesaria una "adecuación" o mejora en el coste de la tasa municipal que regula este servicio.