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MANUEL GONZÁLEZ
El parlamentario de Izquierda Unida, Manuel Baena, y el coordinador local de Lucena de la misma formación política, Miguel Villa, pronunciaron en la noche de este viernes una charla informativa en defensa del decreto-ley sobre la función social de la vivienda. Baena atribuyó a 'los dictados de la banca' la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de posicionarse en contra del decreto.
El parlamentario de Izquierda Unida, Manuel Baena, y el coordinador local de Lucena de la misma formación política, Miguel Villa, pronunciaron en la noche de este viernes una charla informativa en defensa del decreto-ley sobre la función social de la vivienda. Baena atribuyó a 'los dictados de la banca' la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de posicionarse en contra del decreto.
Esta norma fue impulsada por la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, departamento liderado por Elena Cortés, también integrante de IU. Asimismo, enunciaron argumentos en contra del recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y que ha provocado la suspensión del decreto durante, al menos, cinco meses.
Manuel Baena explicó que la situación actualmente está definida por una 'suspensión cautelar' de cinco meses, aunque 'con opción de prorrogarse hasta un máximo de 24 meses'. El político de IU manifestó que las 18 familias que estaban ya afectadas por la implantación del decreto 'se van a ver en problemas'.
El exalcalde de Puente Genil indicó que el decreto, en el proceso para que sea convalidado como ley, se ha seguido discutiendo en la comisión parlamentaria y dijo que 'probablemente' se aprobará en una futura sesión plenaria. Además, comentó que, a instancias de asociaciones de usuarios, consumidores, y de defensa de los derechos humanos, se ha ampliado la cobertura a los autónomos que incluyeron su vivienda como aval para sus negocios en los últimos años.
'No entendemos el recurso del Partido Popular y únicamente responde a los dictados de la banca que se siente presionada por el decreto', aseveró Manuel Baena. Por otro lado, calificó de 'limitadito' el decreto puesto que, según el parlamentario de IU, 'no es algo revolucionario', y está en sintonía con la Constitución Española y con las leyes autonómicas.
De igual modo, mantuvo que la Junta de Andalucía goza de 'plena autonomía' en cuestiones de vivienda y expropiación por motivos de interés social y es una opción recogida 'en la Constitución y en algunas leyes'. De hecho, señaló Baena, la reforma de la ley andaluza se basó en la expropiación de terrenos ociosos y para construir autovías y ejecutar planes urbanísticos se expropian terrenos, agregó.
Posteriormente, precisó que aunque el Parlamento andaluz ratifique la ley, esta seguirá en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional decida qué bien jurídico es mayor. Manuel Baena mostró su asombro y rechazo a la noticia de que el presidente del órgano constitucional sea militante del Partido Popular y animó a la sociedad civil a que se manifieste 'en la calle' con el fin de 'parar el latrocinio general'.
Por su parte, Miguel Villa, subrayó que los argumentos del Gobierno central son 'falsos' y 'no se atienen a la realidad'. 'Confiamos plenamente en que el Tribunal Constitucional dé la razón a la Junta y que el decreto interiorice todos los visos de legalidad', afirmó el coordinador local de IU.
Villa valoró muy positivamente el trabajo de los servicios jurídicos que elaboraron el decreto 'con minuciosidad'. Igual que su compañero, afeó la conducta del Partido Popular al 'seguir el dictado de la banca y de las oligarquías burguesas'. Según Miguel Villa, la norma tiene 'carácter prioritario' para Izquierda Unida y en el próximo pleno del Ayuntamiento de Lucena se presentará una moción para que el Gobierno retire el recurso y para 'condenar' su interposición. 'Es un acto de justicia social', concluyó Miguel Villa.
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