997.937 euros. Esa es la cantidad que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social reclama al Ayuntamiento de Lucena en concepto de cuotas no ingresadas por el consistorio, en su mayoría correspondientes a trabajadores contratados a través de los distintos programas de fomento del empleo de los últimos años, según ha denunciado hoy el concejal de Personal y portavoz municipal del PP, Francis Aguilar.
Aguilar ha señalado que "la gestión irresponsable del equipo de gobierno saliente" habría hecho que los trabajadores contratados a través de estos programas para jóvenes o mayores de 30 o 40 años, percibieran como salario el establecido en dichas convocatorias, en lugar del fijado en el convenio marco del Ayuntamiento de Lucena, por lo que Inspección de Trabajo reclamó la parte de las cuotas de Seguridad Social no atendidas.
El responsable de Personal ha acusado al anterior equipo de gobierno socialista de ocultar deliberadamente esta investigación al resto de grupos políticos municipales, pese a que hasta cuatro técnicos han intercambiado información sobre este tema con la Inspección de Trabajo a lo largo de un año y, en mayo, ya se conocía una primera resolución que obligaba al Ayuntamiento a pagar una cantidad que, incluso, se ha incrementado con posterioridad.
Además, Aguilar manifestaba hoy que desde el PP ya se advirtió al equipo de gobierno en distintas comisiones que, pese a ser utilizada por otros ayuntamientos, esta práctica era irregular y suponía un trato desigual de este personal laboral respecto al resto de trabajadores municipales con igual categoría profesional.
Estas cuotas sociales no abonadas por el Ayuntamiento lucentino hacen referencia principalmente a los contratos laborales suscritos con cargo a los programas de empleo extraordinarios gestionados a nivel municipal en los últimos cuatro años (tiempo máximo de revisión, al considerarse lo anterior periodo prescrito), iniciativas como el Plan Aire, el Programa Emple@Joven o el Emplea @mprende+ financiados con fondos europeos de la Junta de Andalucía y del propio Ayuntamiento.
LA CANTIDAD FINAL PUEDE SER SUPERIOR
De hecho, el edil popular ha avanzado que la cantidad solicitada por Trabajo y Seguridad Social corresponde exclusivamente a las cuotas no atendidas, y a la misma se sumarán también otras sentencias, algunas de ellas recurridas actualmente, tras las denuncias de los propios trabajadores, por lo que el equipo de gobierno ha pedido a los servicios jurídicos municipales y la empresa externa que defiende los intereses del ayuntamiento ante los tribunales, la elaboración de un dosier en el que se recojan todas los casos y sentencias contra el Ayuntamiento en esta materia, aventurando que la cantidad total a pagar será muy superior al millón de euros, "algo muy grave y a tener en cuenta".
Francis Aguilar ha adelantado que desde el equipo de gobierno ya se trabaja en la "corrección inmediata" de algunos planes de empleo vigentes para que situaciones como esta no se produzcan en el futuro.
POSIBLE RECURSO
Según Aguilar, se está estudiando toda la documentación para decidir, antes de octubre, si se recurre la liquidación de cuotas no atendidas practicada por la inspección o se asume el pago de la misma, aunque aseguró que se trata de un error "que tiene poca defensa" y en caso de no ganar habría que hacer frente a un recargo adicional.
El responsable popular ha afeado al PSOE que hace unos días hablase de la "incapacidad" de gestión del actual equipo de gobierno. "La suya, su incapacidad, sí que ha quedado patente con esta liquidación", afirmó Aguilar, que adelantó que "no valdrá ahora que argumenten que había otros ayuntamientos que seguían esta forma de actuar" que Trabajo ha desacreditado de forma rotunda con la liquidación practicada.