El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha rechazado hoy las críticas sobre una presunta pasividad del equipo de gobierno municipal ante la situación de insalubridad del edificio número 8 de la calle Pedro Izquierdo, realizadas la pasada semana por el edil del grupo popular y candidato a la alcaldía, Aurelio Fernández. El regidor lucentino ha señalado que el Ayuntamiento de Lucena se dotó hace tiempo de una mesa de trabajo para abordar el problema de la ocupación de viviendas en nuestra ciudad, afirmando que los populares han tenido conocimiento de las actuaciones e iniciativas puestas en marcha para atajar este problema "sin que hayan hecho una sola propuesta".
El alcalde, que la pasada semana mantuvo una reunión para abordar la solución a este problema concreto, ha señalado que en los próximos días se celebrará una nueva sesión de trabajo, a la que serán convocadas todas las partes implicadas, incluyendo a los dos propietarios de esas 13 viviendas, los vecinos, los portavoces municipales y las delegaciones implicadas, incluida la de Servicios Sociales, que debe abordar la salida del inmueble de las tres familias que aún residen irregularmente en el mismo, algunas de ellas con menores a su cargo.
Según Pérez, el equipo de gobierno "está haciendo todo lo posible para solventar esta situación" pero el ayuntamiento "puede hacer lo que puede hacer", recordando que el consistorio "no es el propietario de esas viviendas" por lo que, más alla de velar por las cuestiones de "salubridad", su participación en la resolución final de la salida de esas familias "okupas" solo puede ser el de "mediación" entre la empresa titular de esos tres pisos y quienes los mantienen ocupados.
En la actualidad, el edificio de 13 viviendas, abandonado a su suerte en 2013, en plena crisis inmobiliaria, y ocupado desde ese momento, cuenta con dos propietarios. Una empresa que recientemente ha adquirido diez pisos, ya desocupados y blindados para evitar una nueva ocupación de los mismos, y uno de los antiguos propietarios, que cuenta con otros tres pisos que actualmente siguen ocupados irregularmente, lo que impide que la primera pueda proceder a las tareas de limpieza, desinfección y rehabilitación del edificio para su puesta a la venta.