El viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y aunque la medida llega tarde, pues llevan impactándonos desde hace días las colas del hambre, y mucha gente necesitada se quedará fuera. Percibo con ilusión cambios importantes en la acción política, ya que se toman medidas en favor de los más necesitados en España, y en Europa cierta solidaridad está abriéndose paso, no sin grandes dificultades, entre los países de la Unión. Se hacen mejor las cosas que en la crisis anterior.
En 2008 se desató una crisis económica global provocada por las élites financieras. En aquella ocasión, se optó por abordar las consecuencias económicas derivadas del estallido del sistema mediante un conjunto de medidas basadas en devaluar los salarios, recortar en sanidad, educación y servicios sociales; eliminar derechos de los trabajadores que tanto nos había costado conseguir y rescatar a la banca. Las consecuencias no sólo fueron el sufrimiento de millones de personas en España, la destrucción de los negocios de miles de autónomos y PyMEs y la pérdida de la confianza en las instituciones democráticas. Además, la receta demostró ser un absoluto fracaso en términos económicos, provocando una lenta creación de empleo de muy mala calidad, un deterioro de los servicios públicos, el aumento de la desigualdad y la pobreza y un endeudamiento masivo del país. Afortunadamente, en la crisis del coronavirus, el Gobierno de España ha decidido que va a actuar de forma opuesta a lo que se hizo en 2008 y ha movilizado una enorme cantidad de recursos públicos para reforzar la sanidad y los servicios sociales y para proteger a los trabajadores, los autónomos y las PyMEs, así como a las personas más vulnerables.
Cuando llega una crisis, es misión de lo público, es función de lo común, de las instituciones del Estado, el cuidar y proteger a toda la ciudadanía. Es uno de los elementos fundamentales de las democracias europeas.
El IMV es una medida necesaria para sacar del hambre a muchos hogares pobres y, por consiguiente, constituye una obligación ineludible para el Gobierno, para cualquier gobierno sea del signo que sea. Por tanto, los que de manera despectiva la llaman "la paguita", pueden y deben ahorrarse dicho calificativo. Según el último CIS casi la totalidad de los votantes a PSOE y UP apoyan esta política pública, pero, lo sorprendente es que más de un 60% de los votantes del PP y el 50% de los votantes de Vox también lo hacen.
El IMV, además de sacar de la pobreza a muchas personas, puede reducir la desigualdad entre generaciones. En la crisis del 2008, fueron los jóvenes los más afectados. En tres años, los hogares encabezados por menores de 35 años perdieron un 25% de la renta, mientras que la renta de los hogares encabezados por mayores de 65 años subió un 5%, según Eurostat.
Habrá que tener en cuenta que el IMV da capacidad de compra adicional a muchos miles de personas y que eso supondrá un impulso de la actividad económica porque no es un dinero que vaya a quedar depositado en un banco sino que de inmediato irá a la red de comercios, que si son de proximidad mucho mejor.
Por último y para la tranquilidad de quienes piensan que el IMV servirá para mantener, con los impuestos de todos, a una partida de vagos que van a dejar de buscar trabajo, el profesor Luis Ayala de la Universidad Carlos III apunta que: "la experiencia de los programas de rentas mínimas, con más de medio millón de expedientes analizados, es que no se genera dependencia de duración aunque sí es necesario buscar la manera de compatibilizar esta prestación con la obtención de otros ingresos, porque los trabajos a los que aspiran estas personas son de muy corta duración".
Hoy se puede hablar con justicia de una auténtica medida social, una más y van bastantes, pese al griterío innoble de las derechas –y la equivocación de Pablo Iglesias entrando al trapo–, ante los costes y esfuerzos sobrehumanos del Gobierno de España y la sociedad en su conjunto de luchar contra el virus y tratar de hacer frente a una crisis terrible como la que se nos viene encima.