El pleno dio ayer luz verde al segundo intento de redactar un Plan Especial de Adecuación Medioambiental (PEAM) para resolver el problema de la regulación urbanística de la bolsa de vivienda ubicada en las zonas residenciales de Campo de Aras y Cristo Marroquí.
Tras un primer intento fallido, en el que el concurso público convocado quedó desierto, al no presentarse ningún licitador, el pleno aprobó ayer un plan plurianual de inversión que triplica el importe de la primera convocatoria, pasando de 102.690 euros a algo más de 300.000 euros, incluidos impuestos. Dado que el proyecto conllevará un plazo de ejecución de unos tres años, la inversión estará sujeta a un plan plurianual, que fija las cantidades a satisfacer en lo que resta de 2024 (15.336 euros) y durante los tres años siguientes (en torno a 100.000 euros por anualidad).
El contrato para la “Elaboración del Plan Especial de Adecuación Medioambiental de la Zona Sur de Lucena – Córdoba” incluye dos documentos, por un lado, un inventario de las edificaciones susceptibles de ser declaradas como Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) situadas en los actuales Planes Parciales SR-1, SR-2 y las contiguas a su contorno de delimitación, con una previa actualización cartográfica. Se excluye el plan parcial SR-3 porque el mismo ya cuenta con instrumentos de ordenación aprobados, lo que hace que no sea de aplicación este plan especial. El segundo documento será el Plan Especial de Adecuación propiamente dicho, que permitirá la progresiva regularización de las viviendas, adoptando las medidas pertinentes para el establecimiento de infraestructuras comunes para la prestación de los servicios básicos que garanticen las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, mejorando la calidad ambiental e integrando territorial y paisajísticamente dichas agrupaciones, siempre de acuerdo con la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA)
El portavoz de IU, Miguel Villa, recordó que han sido necesarios "27 meses" para que se dé cumplimiento al acuerdo de pleno sobre la ejecución de este plan, propuesto por esta formación política. Cabe señalar que, en su día, su redacción se vio precipitada por la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de cortar el suministro de agua a las más de 500 viviendas existentes en la zona, alegando la ilegalidad de la captación y de la distribución del agua en baja por parte de la asociación vecinal Crisaras, algo que ya no ocurrirá, tras adquirir firmeza la decisión del TSJA que suprimía esta medida.
Por su parte, la portavoz de Vox, Laura Sánchez, pidió que se constituya una comisión municipal de estudio y se incluya también el Plan Parcial SR-3. La edil de Urbanismo, Charo Valverde, explicó que la comisión es una figura prevista de cara a la implementación del plan, no en su fase de ejecución, estrictamente técnica, y destacó que el SR-3 no puede entrar en el estudio al disponer ya de una ordenación urbanística aprobada.
La redacción de este plan supone el primer paso para la legalización de esta zona residencial, pero el camino no será fácil ni inmediato. Como se ha indicado, solo la redacción del proyecto contempla un plazo de ejecución de tres años, a lo que habrá que sumar la necesaria participación de los propietarios de las viviendas fuera de ordenación en la implementación de las soluciones que aporte el PEAM y las infraestructuras que deberá ejecutar el propio Ayuntamiento de Lucena para hacer llegar los servicios municipales hasta este punto del término municipal.