El inicio de la redacción del Plan Especial de Adecuación Medioambiental de la Zona Sur de Lucena–Córdoba (PEAM de Campo de Aras) tendrá que esperar un poco más, tras quedar desierto en primera instancia el concurso convocado por el ayuntamiento de Lucena, al no presentarse al mismo ninguna empresa.
Así lo ha confirmado a LucenaHoy la edil de Urbanismo, Charo Valverde, que ha señalado que "es tal la exigencia del pliego publicado, que con el importe de licitación ofertado –102.690 euros, incluidos impuestos– no ha habido ninguna empresa interesada en optar al mismo".
Según Valverde, ante este escenario se plantean dos alternativas. La primera sería sacar un pliego nuevo rebajando las exigencias del actual. La segunda sería mantener el mismo pliego y sacarlo de nuevo, incrementando el presupuesto de licitación.
En cualquier caso, Valverde ha señalado que "se trata de una cuestión prioritaria, sobre la que tendremos que adoptar una decisión de forma inmediata, ya que Campo de Aras puede tener un problema muy importante si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía levanta la suspensión provisional de la decisión de la Confederación Hidrográfica de prohibir el uso de agua", alegando la ilegalidad de la captación y de la distribución del agua en baja por parte de la asociación vecinal Crisaras.
Todo apunta a que este contratiempo supondrá la pérdida de la subvención de 10.000 euros concedida para este proyecto por la Junta de Andalucía, al no poder cumplirse los plazos de ejecución previstos en la misma, sobre los que el Ayuntamiento ya había solicitado una prórroga de tres meses.
EL PLAN ESPECIAL DE CAMPO DE ARAS
La puesta en marcha del PEAM pretende resolver el problema de la regulación urbanística de las más de 500 viviendas existentes en esta zona de Lucena que, con independencia de su legalidad, conforman una zona residencial totalmente consolidada, y sería la puerta a resolver definitivamente el problema de suministros básicos como el agua.
La iniciativa, planteada al pleno municipal por IU hace dos años y apoyada por la asociación de vecinos y los distintos grupos políticos, salió a licitación hace un mes con el mencionado presupuesto de 102.690 euros, incluidos impuestos.
El objeto del contrato es elaborar dos documentos. En el primero se deberán identificar las edificaciones susceptibles de AFO (Asimilado fuera de ordenación) situadas en los actuales Planes parciales SR-1, SR-2 y SR-3 y aledañas, definiendo las necesidades de infraestructuras comunes y su pre dimensionamiento. El segundo señalará y delimitará las agrupaciones de edificaciones irregulares, adoptando las medidas pertinentes para el establecimiento de infraestructuras comunes para la prestación de los servicios básicos que garanticen las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, mejorando la calidad ambiental e integrando territorial y paisajísticamente dichas agrupaciones, siempre de acuerdo con la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA)
La memoria justificativa reconoce los problemas de conexión de estos suelos situados al sur de la ciudad con las infraestructuras generales municipales, lo que hace difícil su viabilidad en cuanto al cumplimiento de los objetivos del PGOU vigente. Del mismo modo, indica que los problemas de higiene y salubridad urbana y ambiental y el estado de las edificaciones existentes, hacen necesario la redacción de este PEAM, como una parte de una solución global a la situación actual existente.
La redacción de este plan supone el primer paso para la legalización de esta zona residencial, pero el camino no será fácil ni inmediato. Solo la redacción del proyecto contempla un plazo de ejecución de dos años, a lo que habrá que sumar la necesaria participación de los propietarios de las viviendas fuera de ordenación en la implementación de las soluciones que aporte el PEAM y la infraestructura que deberá ejecutar el propio Ayuntamiento de Lucena para hacer llegar los servicios municipales hasta este punto del término municipal.