El futuro del comedor escolar del colegio Virgen de Araceli volvió ayer a la sesión plenaria a través de una moción presentada por urgencia por el edil no adscrito Vicente Dalda, en la que se solicitaba que el pleno facultase al equipo de gobierno a poner en marcha con carácter urgente y a cargo del Ayuntamiento las obras de acondicionamiento de las instalaciones del colegio destinadas a su uso como comedor y que posteriormente los servicios jurídicos estudiasen posibles iniciativas legales, incluida la vía judicial si ello fuese necesario, para recuperar la inversión realizada, todo ello con el objetivo de "desbloquear la situación" y conseguir que el problema de competencias que subyace como fondo de este conflicto no suponga la pérdida de este servicio de cara al próximo curso lectivo y el consiguiente perjuicio a aquellos padres y madres que han matriculado a sus hijos en el citado centro, bajo la premisa de que dispondría de comedor para el curso lectivo 2018-19.
La propuesta fue presentada por Dalda como continuación a la recepción en el ayuntamiento de los informes solicitados tras el último pleno tanto a los directores de los centros de Primaria y Secundaria como a la federación de AMPAS Surco, sobre la necesidad –o no– de priorizar esta actuación.
En el primero de esos escritos, los directores y directoras de los nueve colegios lucentinos señalan que "el comedor autorizado en el CEIP Ntra. Sra. de Araceli es una solicitud antigua que desde el primer día fue compartida por la comunidad educativa de la localidad, que cuenta con el respaldo del Consejo Escolar Municipal y de los propios directores" por lo que "no encontramos motivos que ahora justifiquen un cambio de opinión", considerando por tanto que "se deben hacer los esfuerzos necesarios desde todas las instancias para evitar que se pueda llegar a perder el servicio concedido".
El escrito también indica que "no vemos pertinentes que seamos los directores los que establezcamos la prioridad en las actuaciones a acometer, pues cada centro ve sus propias necesidades como las más urgentes de atender". Así, los directores indican la existencia de "necesidades comunes para todos los centros" como contar con una plantilla de limpieza estable o abordar las propuestas técnicas del Plan de Climatización y Eficiencia Energética recientemente elaborado y entre las particulares, junto al comedor en el CEIP Ntra. Sra. de Araceli, la creación de zonas cubiertas para la práctica deportiva en los colegios Antonio Machado y San José de Calasanz, el acondicionamiento energético de los edificios periféricos del colegio El Valle, la eliminación de barreras en el Barahona de Soto, la habilitación de aparcamiento junto al colegio concertado La Purísima o la solución a las frecuente inundaciones en el colegio El Prado.
Por su parte, la Federación de AMPAS Surco considera "improcedente" que se pida a este órgano que defina "qué proyecto se debe acometer y cuál no". SURCO refrenda "el apoyo a que en el próximo curso se ponga en marcha el comedor autorizado en el CEIP Ntra. Sra. de Araceli, aunque "no podemos entrar en la consideración de a quién corresponde la financiación de las obras", rogando, no obstante "que hagan lo posible porque este debate no termine con la pérdida del servicio concedido".
La moción de Dalda no salió adelante. PP, IU y Ciudadanos consideraron que va en contra de los acuerdos de la moción apoyada en la pasada sesión plenaria por todos los grupos de la oposición, rechazando la financiación municipal de las obras por entender que se trata de una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía y ofreciendo a la administración autónoma la posibilidad de adelantar el coste de las actuaciones desde el consistorio municipal para que Educación lo reintegre con posterioridad. Por su parte, la edil de Educación, Encarnación Camacho calificó la propuesta de Dalda de "ridícula" e insistió en que "la única solución" para que el centro tenga comedor el próximo curso "es ratificar la propuesta del equipo de gobierno" y que sea el ayuntamiento quien pague los casi 140.000 euros de las obras a cambio de que la Junta ponga en marcha el servicio.
Tras varios rifirrafes y subidas de tono en el transcurso del debate, el alcalde, Juan Pérez, anunció que "se están buscando soluciones". Pérez reconoció que "me tomé una atribución que no me correspondía pensando en que el comedor era un fin social y suponía una oportunidad y que el coste de las obras rondaría los 40.000 euros", pero aseguró que "no engañe a nadie ni perseguí ninguna rentabilidad política". Según el regidor lucentino "si el comedor no se hace ahora probablemente lo perdamos para muchos años", por lo que anunció que se están manteniendo reuniones con los técnicos de Educación y "puede haber soluciones". No obstante, el alcalde apuntó que la principal partida del presupuesto de las obras de adaptación de los espacios disponibles en el colegio para su uso como comedor corresponde a la mejora de la red eléctrica y esa es una cuestión sobre la que únicamente es competente el ayuntamiento".