Solo con los votos favorables del PSOE y Ciudadanos salió ayer adelante el convenio con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la adecuación del espacio libre público de acceso a la Cueva del Ángel, que supondrá una inversión de 350.876 euros por parte de la Junta de Andalucía y que supondrá en su momento la puesta en valor de este enclave arqueológico mediante la mejora de sus condiciones de accesibilidad, la construcción de un punto de información, la regeneración ambiental y paisajística del espacio libre público, dotación de mobiliario de descanso y creación de un mirador paisajístico, complementando todo ello con la dotación de los servicios de energía eléctrica y de abastecimiento de agua y depuración.
La actuación prevista consistirá en el acondicionamiento del camino de acceso a la cueva-sima, la regeneración ambiental de explanaciones y taludes, adecuación dela plataforma de acceso, zona de mirador y dotación de bancos, el cerramiento de la parcela y barra de control de acceso, la construcción de un edificio destinado a punto de información y aseos de aproximadamente 25 m2 de superficie construida, la construcción de una zona de entrada y resguardo a la cueva y la dotación de abastecimiento, saneamiento y electricidad.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía asume mediante este convenio la elaboración del proyecto previa a la licitación de las obras y la ejecución de las mismas conforme al proyecto aprobado, así como la tramitación de los procedimientos de prevención ambiental que pudieran corresponder de acuerdo al carácter de la zona y el abono del coste total de la ejecución de la actuación.
Por su parte, el ayuntamiento de Lucena deberá facilitar a la Consejería de Medio Ambiente cuantos datos técnicos, históricos o de comprobación se estimen de interés para una mejor intervención sobre el espacio, prestar su conformidad al proyecto técnico, considerándolo a todos los efectos como realizado por el Ayuntamiento, no devengando, por tanto, tasas ni, en general, tributo local alguno y presentar a la firma del Convenio un programa de mantenimiento, fomento, dinamización y difusión de la Instalación Recreativo Turística de interés territorial de la Cueva del Ángel para un marco temporal de 15 años, incluyendo la valoración económica de las inversiones y gastos que se prevean para estos fines.
RETICENCIAS DE LA OPOSICIÓN
Estos dos últimos puntos fueron los que despertaron las dudas en los grupos de la oposición, motivando que tanto el PP como IUCA y el concejal no adscrito Vicente Dalda votarán en contra.
Dalda puso de manifiesto que no es razonable proceder a la aprobación del convenio sin conocer el plan de obras que definirá el proyecto y que se incorporará posteriormente al mismo, mientras que el edil del Julián Ranchal significó que el convenio incluye una cláusula que obliga al ayuntamiento a hacerse cargo del pago del Impuesto de Construcciones, Infraestructuras y Obras, lo que supondría una irregularidad, dado que la Junta la que actúa como promotora y contratista de los trabajos a ejecutar, problema que confirmó la Interventora Municipal, indicando que el Ayuntamiento está obligado a devengar este impuesto.
Reconoció la existencia de estas deficiencias en el modelo de contrato la portavoz de Ciudadanos, Purificación Joyera, aunque destacó la importancia de aprobar un protocolo que puede suponer un paso decisivo para potenciar el aprovechamiento turístico de la Cueva del Ángel y una aportación de 350.000 euros para el mismo.
No sirvieron para ganar el voto favorable de PP, IUCA y Dalda las palabras del alcalde, Juan Pérez, que se refirió a las cláusulas más problemáticas del convenio como 'habituales 'en este tipo de protocolos entre administraciones, y restó importancia a la posibilidad de que el ayuntamiento debiera hacer frente al ICIO –entre 15.000 y 20.000 euros– indicando que solo la redacción del proyecto, que asume también la Junta ya supera ese coste, a lo que hay que sumar los 350.000 de una inversión necesaria y anunciada por la administración andaluza en marzo de 2016.