Cambio de planes. El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha confirmado hoy que los promotores privados que en su día ofertaron la posibilidad de urbanizar la antigua Huerta del Carmen y construir en nuevo Palacio de Justicia –posibilidad que la propia administración andaluza desestimó en su día por conisderar que la sede judicial proyectada no cumplía con las expectativas ni tamaño exigidos– han presentado al equipo de gobierno un segundo proyecto de urbanización del que se cae la parte judicial, y que se centraría en la construcción y explotación –mediante concesión administrativa municipal por un número no determinado de años– de un parking subterráneo con capacidad para 180 vehículos, un punto de suministro de combustible, y una superficie comercial, entre otras insfraestructuras. Según ha explicado el regidor lucentino, el proyecto se encuentra en estos momentos en una fase muy inicial, aunque se contempla con interés desde el consistorio, consciente de la necesidad de construir un nuevo parking en las inmediaciones del centro urbano.
Respecto a la sede judicial, la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín, ha señalado hoy que "seguimos trabajando" para ofrecer una solución satisfactoria, indicando que la Junta es consciente y reconoce los problemas de la sede actual, puestos de nuevo de manifiesto la pasada semana por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía durante su visita a Lucena.
En este sentido, el alcalde ha revelado que el Colegio de Abogados propuso recientemente la posibilidad de que esta infraestructura se construyese en los terrenos del antiguo recinto ferial, ahora liberados de uso. Esa posibilidad pasaría necesariamente por una permuta de los terrenos propiedad de la administración andaluza por los municipales del Recinto Ferial. No obstante, Juan Pérez ha indicado que esa alternativa no goza del beneplácito de la Junta, como tampoco el ofrecimiento de otros edificios ya construidos, igualmente planteado desde el ayuntamiento lucentino.
Pérez ha adelantado que todos estos aspectos serán abordados a finales del presente mes de mayo en la reunión prevista con el Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía en la sede del Parlamento Andaluz.