Primero fue la instancia Contencioso-Administrativa, más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ahora el Tribunal Supremo. La Junta de Andalucía solo podría recurrir ya al Tribunal Constitucional –posibilidad harto improbable– para evitar pagar el 1.048.927,50 € en que se estipuló el justiprecio de los terrenos municipales ocupados para la construcción del tramo Lucena-Cabra de la Autovía del Olivar, y otros 500.000 euros adicionales en concepto de intereses.
La Junta de Andalucía recurrió en marzo de 2016 la sentencia favorable al Ayuntamiento de Lucena en el recurso Contencioso-administrativo interpuesto contra aquella para reivindicar el pago de los terrenos de titularidad municipal coincidentes con las fincas nº 52 a 56 en ejecución de proyecto "Duplicación de la Calzada de la A-340, Lucena-Cabra. Tramo Enlace a-45 Intersección A-318".
Ahora el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso, alegando para ello que no se superan los 600.000 euros por finca registral ocupada que marca la ley para poder recurrir el fallo del TSJA.
El letrado del Ayuntamiento, Francisco Ruiz Palma, ha dirigido la defensa de los intereses municipales en este caso, que todo apunta quedará cerrado con el fallo del Supremo. Y es que según fuentes consultadas por este periódico, contra esta decisión no cabe ningún recursos jurisdiccional en tribunales, por lo que la administración autónoma tendrá que satisfacer la cantidad indicada más los correspondientes intereses de demora, que elevan el pago a más de 1.550.000 euros.
UN POCO DE HISTORIA
La decisión del Ayuntamiento de acudir a los tribunales en defensa de sus intereses llegaba después de que resultasen infructuosas las conversaciones mantenidas con la Junta a lo largo de los años para reivindicar el dinero. La institución regional siempre mantuvo la improcedencia de dicho pago, pese a haber sido la propia Consejería de Obras Públicas la que inicio el procedimiento de expropiación y fijo documentalmente el precio de los suelos ocupados.
IUCA, primero junto al resto de grupos de la oposición, y más tarde desde el propio cogobierno con el PSOE, defendió que era de justicia el pago del justiprecio y que la Junta no podía compensar al consistorio lucentino con otras obras e intervenciones realizadas en Lucena en el entorno de la autovía en fecha posterior, como quedaba recogido en el fallido protocolo firmado en su día entre Rosa Aguilar y José Luis Bergillos, entonces Consejera de Obras Públicas y alcalde de Lucena respectivamente, protocolo que el pleno nunca llegó a suscribir.