"La adecuación del tramo urbano del río Lucena a su paso por la localidad no es competencia de la Confederación Hidrográfica y debe ser propuesta por la administración competente". De esta forma ha respondido el Gobierno de España a la pregunta formulada en la Cámara Alta por la senadora socialista María Jesús Serrano el pasado 5 de abril, solicitando información sobre "cuándo tiene previsto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir abordar, dentro de su programa de intervenciones en zonas inundables, la culminación de las obras de adecuación en el tramo urbano del Río Lucena".
Según el ente gubernamental, con fecha 13 de abril de 2020 ya comunicó al consistorio lucentino mediante escrito dirigido a la Alcaldía y las delegaciones municipales de Medio Ambiente y Urbanismo el estado de ejecución del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación elaborado por la propia confederación, destacando la necesidad de promover actuaciones coordinadas de todas las administraciones públicas para disminuir estos riesgos "según sus competencias", reseñando que, con carácter general, la Administración General del Estado no es competente para ejecutar tareas de encauzamiento y defensa de márgenes en los tramos urbanos de los cauces en base a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, que establece que dichas actuaciones deberán ser asumidas por de las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin menoscabo de que puedan "suscribir convenios para la financiación de estas actuaciones" con el Ministerio de Medio Ambiente.
La integración del río Lucena en la ciudad se ha convertido en una de las cuestiones de más compleja solución para el consistorio lucentino en las dos últimas décadas. El carácter fácilmente inundable de la ribera, la histórica ocupación del dominio público hidráulico en algunas zonas del trazado urbano del río y la existencia de múltiples vertidos industriales y domésticos al cauce pese a las distintas actuaciones acometidas aparecen como elementos difícilmente reversibles.
UN PROYECTO FALLIDO
El encauzamiento y recuperación medioambiental del río daba sus primeros pasos en 2001 con la convocatoria por parte del ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía de un concurso de ideas. El proyecto ganador, redactado por el arquitecto Juan Cuenca, definía una imagen idílica de este depauperado cauce público mediante la conversión del mismo en una suerte de parque periurbano de cinco kilómetros de longitud que debía suponer una gran transformación urbanística de la ciudad, alternando zonas con un cauce duro, de hormigón, con otras como el Cascajar o el nuevo recinto ferial, donde se ampliaban y reforestaban las laderas a modo de paseo de ribera, incluyendo incluso algunas áreas de estancamiento que permitirían su uso como espacio de ocio y deporte.
Las obras fueron licitadas por la Consejería de Medio Ambiente cuatro años más tarde por 15 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. La actuación era adjudicada a una UTE en 12,5 millones de euros, sufriendo un largo rosario de problemas técnicos, paralizaciones y vicisitudes que las prolongaron en el tiempo, cerrándose con un grado de ejecución de apenas el 50 por ciento de lo contratado, casi todo el dinero agotado y numerosos desperfectos en algunos de los tramos ejecutados. Un proyecto fallido que obligó a realizar algunas actuaciones complementarias en los años siguientes, incluida la construcción de uno de los colectores y del puente de la carretera de Cabra en 2013 o la de otro colector en 2018.
El lamentable aspecto y degradación medioambiental del cauce, la persistencia de los vertidos y las esporádicas inundaciones llevaron al ayuntamiento a plantearse una nueva actuación. A primeros de año el Ayuntamiento estimaba en unos 13,5 millones de euros una nueva intervención de regeneración y recuperación del río y sus márgenes, incluyendo un proyecto de mejora den entorno urbano de El Cascajar y la protección del río contra la erosión junto a la A-318. La iniciativa fue incluida en el paquete de obras solicitadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado desde el Gobierno de España con fondos europeos.
Ahora el reto del Ayuntamiento de Lucena es conseguir los fondos para financiarla y de momento, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir parece tener claro que no será como iniciativa propia, dejando en manos del propio consistorio y de una nueva aportación de la Junta de Andalucía un proyecto no resuelto que debe suponer un antes y un después para la ciudad.