El pleno del ayuntamiento de Lucena ha aprobado hoy la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la tasa por expedición de resolución administrativa que acuerda la Declaración de Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación (DAFO) de edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable en el término municipal de Lucena, al amparo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
La propuesta, que pretende devolver cierta normalidad urbanística a todas aquellas viviendas construidas fuera de ordenación que cumplan con la normativa DAFO, rebaja sustancialmente el actual coste de este trámite administrativo, conformado por un porcentaje del valor de la construcción, que ahora se reduce, para la mayoría de los casos, a 799 euros, cantidad exigida por Vox en su pacto de gobierno con el PP.
El punto ha contado con el voto en contra del PSOE y de IU. Teresa Alonso, portavoz socialista, ha señalado que el anterior sistema "trataba al propietario de forma diferente en función de su capacidad económica, mientras que ahora todos pagarán igual" por acceder a esta fórmula de regularización de sus propiedades, con independencia del tamaño o valor de las mismas". Alonso avanzó que esta fórmula supondrá una minoración de los ingresos municipales, y "llega tarde".
En similares términos se expresó, Miguel Villa (IU) para quien es erróneo pensar que "al bajar el precio habrá más solicitantes. Según Villa, "ni el PSOE ni el PP hayan sido capaces de poner en marcha el Plan Especial de Campo de Aras y por eso no hay peticiones de AFOS" pese a existir más de 500 edificaciones de estas características solo en esta zona. Para Villa, la propuesta "vulnera el principio de capacidad económica", por el que las personas deben contribuir al sostenimiento del gasto público en proporción a la aptitud económico-social que tengan para ello.
"UNA VEINTENA DE PETICIONES EN DOS AÑOS"
Por su parte, la edil de Hacienda, María de la O Redondo, contestó afirmando que la medida "cuenta con el informe favorable de los servicios jurídicos" y, además de traer más "seguridad jurídica" a los titulares de las viviendas, facilitará una "regularización básica" de las mismas y generará más actividad económica en sectores como la construcción. Además, según Redondo, la iniciativa se traducirá también en un incremento de los ingresos municipales a través de un mayor número de peticiones y de licencias de obra. La edil popular recordó que "en dos años apenas se han tramitado 20 DAFOS, la mayor parte de ellos de empresas", una situación de la que culpó al "desorbitado precio de su tramitación"
Hace dos años el PSOE, entonces en el gobierno municipal, ya rechazó una moción conjunta del PP y Ciudadanos con el objetivo de promover un nuevo estudio económico que permitiese reducir el coste de la tasa por DAFO. Según se indicó entonces, la tramitación de dichos expedientes por parte del ayuntamiento suponía unos costes directos del personal municipal cuantificado en 1.751 € por expediente, más una serie de costes indirectos que hacían que finalmente la tasa a pagar ascendiera a unos 2.500 € aproximadamente para un expediente tipo, con una valoración de la construcción de unos 80.000 €, que ahora se verán reducidos en un 65 por ciento, hasta apenas 800, con independencia del tamaño de la vivienda.
Hoy, María de la O Redondo señalaba que hay "cientos" de propietarios aguardando la medida adoptada en el pleno para iniciar la regularización de sus viviendas.