El equipo de gobierno municipal está dispuesto a poner en marcha nuevas iniciativas para insistir a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía sobre la necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas existentes en los Juzgados de la calle San Pedro.
En el último pleno, el edil de Urbanismo, José Cantizani, consideró insuficiente la actuación de la Oficina del Pueblo Andaluz, que recientemente ha comunicado al ayuntamiento el cierre del expediente relativo a las denuncias sobre esta situación de manifiesta irregularidad, que impide el normal acceso a las instalaciones judiciales de personas con movilidad reducida.
Cantizani manifestó que "nos entristece que desde la Oficina del Defensor del Pueblo se haya dado carpetazo a este tema y también creemos que se podía haber hecho algo más", por lo que se mostró dispuesto a abordar esta cuestión en la próxima reunión de la Comisión de Accesibilidad (CAEBAUT) para que desde este organismo –y con el propio ayuntamiento– se formule una propuesta directa a la Consejería.
CRÍTICAS DE TODOS LOS GRUPOS
Todos los grupos políticos criticaron el cierre del expediente por el Defensor del Pueblo Andaluz –aún reconociendo que esta oficina carece de poder ejecutivo– y más aún la respuesta de la administración de justicia a los requerimientos de esta institución, minimizando los problemas existentes, manifestando la realización de unas mejoras inexistentes y remitiendo a la construcción de una nueva sede judicial que ni siquiera se ha iniciado.
Para IUCA "es lamentable la respuesta que ofrece la Junta de Andalucía, una broma de mal gusto y un desprecio a las personas con discapacidad". Purificación Joyera, por Ciudadanos, exigió que la Junta de Andalucía explique cuáles son las medidas que ha adoptado para favorecer la accesibilidad del edificio y Araceli Moreno, del PP, calificó la situación como "una vergüenza" y recordó que existen informes que indican la posibilidad técnica de realizar mejoras y una proposición no de ley presentada en la cámara andaluza por PP y Ciudadanos exigiendo soluciones, que no ha tenido respuesta.
Así las cosas, Vicente Dalda pidió que se denuncie desde el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía por incumplir la ley vigente en materia de accesibilidad; Miguel Villa reclamó "un papel más beligerante del ayuntamiento" sobre esta cuestión; Ciudadanos recordó que cualquier ciudadano puede formular denuncias y mostró al equipo de gobierno su apoyo para iniciar un procedimiento sancionador "como se anunció contra los comercios" y el PP argumentó que "la administración debe ser la primera en dar ejemplo" en estas materias.
José Cantizani cerró el debate mostrando serías dudas sobre la posibilidad de que el ayuntamiento pueda cerrar un servicio público o iniciar acciones contra otra administración por un tema como este y recordó que este no es el único caso de instalaciones con problemas de accesibilidad, poniendo como ejemplo el Colegio Barahona de Soto, en el que anunció que se va a construir una rampa.