El pleno del Ayuntamiento de Lucena aprobó el pasado día 24 de octubre con los votos de todas las formaciones, salvo IU, el inicio de expediente de revisión de oficio de una resolución del año 2009 por la que se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle UE-2 "Campo Municipal de Fútbol", que afecta a los 22.674 metros cuadrados de suelo del antiguo campo de fútbol, en los que estaba prevista la construcción de 171 viviendas de protección oficial (VPO), tras una solicitud en este sentido de sus antiguos propietarios, que pidieron entonces que la totalidad de las viviendas tuvieran este carácter.
La medida se adoptaba a instancias de la actual propietaria de los terrenos, la empresa Construcciones y Contratas Cabello SL, y suponía un cambio sustancial de uso de la parcela, en la que se pretendía autorizar ahora la construcción de un 70 por ciento de vivienda de renta libre, reduciendo del 100 al 30 por ciento, el número de viviendas protegidas, argumentando la mercantil que el acuerdo plenario suscrito en 2009 podría contravenir parte del articulado del PGOU y de la LOUA andaluza.
Ahora esa decisión del pleno ha sido desautorizada por el Consejo Consultivo, a cuyo dictamen se sometió el asunto. Este órgano, cuyas consideraciones tienen un carácter preceptivo y vinculante, ha dictaminado desfavorablemente la propuesta de declaración de nulidad en el expediente tramitado por el Ayuntamiento, y otorga al consistorio un plazo de 15 días para comunicar la resolución del acuerdo plenario, según consta en el documento.
SATISFACCIÓN DE IU
La decisión del Consejo Consultivo rechaza de plano la adoptada por el pleno con los votos del PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, tras el análisis de tres estudios jurídicos, los correspondientes al Secretario de la corporación municipal y uno de los letrados del Área de Urbanismo, divergentes en cuanto a la decisión adoptada, y da la razón al portavoz de IU, Miguel Villa, que entonces afirmó que el ayuntamiento disponía "del sostén jurídico" para no ejecutar la revisión solicitada por la constructora y mantener el carácter social de la totalidad de esas viviendas.
Esta mañana, Miguel Villa mostraba su satisfacción por esta decisión del Consejo Consultivo y señalaba que "la ciudad está de enhorabuena porque en ese lugar se mantiene la construcción de 171 viviendas de protección oficial frente a la voluntad del propietario de construir solo un 30 por ciento de las mismas, lo que facilita el acceso a una vivienda digna a la clase trabajadora". Según Villa, la empresa solo puede recurrir esta decisión del Consejo Consultivo en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El estudio de detalle aprobado en 2009 por el Pleno contemplaba la construcción sobre esta parcela de 171 viviendas de protección oficial –el cien por cien de las viviendas posibles–, la cesión al Consistorio de 1.063 metros cuadrados de espacios libres, destinados a equipamiento social, más 5.835 metros de zonas verdes y 6.570 para viarios, así como la construcción de 321 plazas de aparcamiento de las que 150 serán en superficie y 171 privadas.