El vicepresidente de la Junta de Andalucía, que después de pasar por varias militancias políticas es a día de hoy militante de Ciudadanos, entregaba hace unos días a un representante de la ultraderecha, en este caso un juez condenado por prevaricación en un caso de disputa familiar, la lista de los trabajadores que la Junta de Andalucía emplea para luchar contra la violencia de genero.
No es baladí la entrega de tal información sabiendo, como es público y notorio, cuáles son las propuestas que sobre el tema de la violencia de género tiene la ultraderecha, dándose el caso, debido al pacto de gobierno de las derechas, que en Andalucía la última palabra sobre la aprobación de cualquier ley la tiene precisamente la ultraderecha.
Pero siendo grave como es la claudicación del gobierno andaluz ante las exigencias del partido ultraderechista, mucho más grave sería que una coalición semejante pueda obtener, en las próximas elecciones municipales, mayoría de gobierno en los ayuntamientos, no en balde son los ayuntamientos la primera línea de defensa contra la violencia machista, la primera administración en el frente de lucha contra esa lacra social y los que mejor pueden amparar a la víctimas y prevenir desgracias mayores.
La entrega de esa documentación, por parte de la Junta de Andalucía, a la ultraderecha es un formidable toque de atención sobre el verdadero propósito de caza de bujas que se propone la ultraderecha. Para todos aquellos que creemos en la igualdad social entre hombres y mujeres y para los que igualmente creemos que el feminismo es la forma más eficiente para luchar contra la desigualdad histórica que han padecido y padecen las mujeres con respecto de los hombres, semejante acto nos provoca, a la vez que alarma, un gran rechazo.
Los ciudadanos hemos votado en las recientes elecciones generales y, muy mayoritariamente, hemos rechazado las propuestas de la ultraderecha, tanto que incluso sus valedores y socios de gobierno en Andalucía ahora dicen rechazar, aunque sea solo de boquilla, esas propuestas; pero el peligro no ha pasado, la derecha, si pude y con tal de gobernar, actuara en los ayuntamientos tal y como actúa en el gobierno de Andalucía con el consiguiente peligro para las políticas sociales y en especial las que versan sobre violencia de género.
No hay que bajar la guardia, el progreso social solo tiene un camino y ese camino va en dirección diametralmente opuesta al que quiere tomar la ultraderecha, y sus hermanos menores de la derecha, si eso les permite gobernar, no dudarán en seguir ese camino.
Juan M. Roldán