Aunque el presidente Rajoy, en su balance de fin de año, no ha dicho ni una sola palabra sobre la corrupción dentro o fuera de su partido, la ministra Báñez ha anunciado, campana en mano, que durante los cinco años que lleva al frente de Trabajo, la lucha contra el fraude laboral ha hecho aflorar 491.000 empleos irregulares y se han detectado 6.705 falsas empresas, lo que supone un impacto económico de 20.220 millones.
La ministra se refiere con estos datos a las pymes y pequeños fraudes de autónomos, que son los más fáciles de detectar. Nada ha dicho del Ibex 35 ni de las grandes empresas, cuyos fraudes son más complicados porque tienen al frente de sus manejos a expertos en evasión de impuestos a través de paraísos fiscales.
Habría que recordarle a la ministra y a sus inspectores que, si se aplicaran con la misma intensidad en otros sectores más poderosos, los millones recuperados serían muchos más, porque también son fraudes estos otros. Por ejemplo:
- ¿No es fraude que el gobierno al que pertenece la ministra concediese en 2014, por la vía rápida del decreto ley, una indemnización de 1.350 millones a las empresas promotoras del almacén subterráneo de gas El Castor, y que ahora, tres años después, el Tribunal Constitucional la ha anulado por haber sido concedida de forma irregular? ¿Cuándo serán devueltos a los españoles?
- ¿No es fraude emplear 70.000 millones para salvar la banca en quiebra, asegurando que a los españoles no nos iba a costar ni un euro y ahora dicen que no se recuperarán ni 20.000 M?
- ¿No es fraude el facilitado a los 31.400 "patriotas" que tenían evadidos miles de millones y que, gracias a una amnistía fiscal (posteriormente declarada inconstitucional por el T.C.) pudieron regularizar su situación ilegal mediante una aportación minúscula.
- ¿No es fraude laboral el consentido a 6 personas afines al PP que han figurado durante años en nómina de la empresa pública Emucesa, en Granada, sin que conste que hayan asistido a su puesto de trabajo pero cobrando entre 34.000 y 36.000 euros anuales?
- ¿No es fraude el permitido a 16 empleados de Ciegsa, empresa pública en Valencia, que sirvió para "colocar" a algunos exdiputados y exconcejales que no aparecían por su lugar de trabajo?
- ¿Fue fraudulenta la operación realizada por la alcaldía de Madrid en 2.013, al vender 1.860 viviendas de protección oficial al fondo buitre Blackstone, por 127 millones, precio de ganga, y al que regaló 13 cocheras de propina?
- ¿No son fraudes los cometidos a través de la Púnica, de la Gurtel y de los Ere, Taula, Campeón, Lezo, Acuamed, y un centenar de "casos aislados" más, cuyos importes llevan años sin recuperarse?
Es indignante comprobar que los éxitos del gobierno se centran en recortar y controlar a los de abajo (trabajadores, pensionistas, autónomos,etc.) y en facilitar el crecimiento de los de arriba. Por algo España es el segundo país de Europa en el que más ha aumentado la desigualdad entre las rentas altas y bajas, después de Letonia. Pero no importa: seguimos creciendo.